El sistema judicial de Mendoza se encuentra actualmente en una etapa de definiciones cruciales respecto a uno de los casos más dolorosos y complejos ocurridos en los últimos años: la muerte de Laureano Lillo. El pequeño, que padecía una condición de hipoacusia severa, falleció en un trágico incendio ocurrido en su vivienda de Godoy Cruz durante el año 2018. Actualmente, el foco principal de la discusión legal y social se centra en la figura de su progenitora y la gran duda que atraviesa a los peritos forenses: la posibilidad de que sea declarada inimputable por sus facultades mentales al momento del hecho.

Cronología de una tragedia que conmovió a Godoy Cruz

Los hechos se remontan a una tarde fatídica de 2018 cuando un incendio voraz devoró la precaria vivienda donde residía el menor junto a su familia. Según las crónicas de aquel momento y los informes técnicos de bomberos, el niño se encontraba solo en el inmueble cuando las llamas comenzaron a propagarse velozmente, imposibilitándole cualquier tipo de escape o pedido de auxilio debido a su condición física y la falta absoluta de supervisión adulta en el lugar. La fiscalía ha sostenido desde el inicio de la instrucción que existió un claro abandono de persona, un delito que en el código penal prevé penas severas de prisión efectiva cuando el resultado es el fallecimiento de la víctima.

La acusación formal contra la madre de Laureano se fundamenta en la supuesta negligencia extrema al dejar a un menor con una discapacidad auditiva profunda sin el cuidado necesario de un mayor responsable que pudiera asistirlo ante una emergencia. Sin embargo, la defensa técnica ha planteado interrogantes profundos sobre la salud mental de la mujer, sugiriendo que no comprendía la magnitud del riesgo al que exponía a su hijo. Este punto es el eje fundamental de las audiencias actuales, ya que determinará si el caso culminará en una condena ejemplar o si la mujer será finalmente sobreseída por su estado psíquico vulnerable.

Los elementos centrales que analiza la justicia mendocina en esta etapa son:

• El origen del fuego: Las pericias técnicas indicaron que el incendio se habría originado de forma accidental por una falla eléctrica en el precario sistema de la vivienda.
• La vulnerabilidad del menor: La hipoacusia de Laureano le impidió escuchar las primeras señales de peligro o pedir ayuda externa a los vecinos.
• La imputabilidad: Evaluaciones psiquiátricas y psicológicas detalladas deben definir si la madre puede ser juzgada penalmente por sus actos u omisiones.
• El entorno social: Se investiga activamente la falta de apoyo de los servicios sociales estatales antes de que ocurriera la fatalidad en el domicilio.

El debate sobre la capacidad mental de la acusada ha dilatado considerablemente los tiempos procesales, provocando una larga y angustiante espera para los familiares y la sociedad que exigen justicia por la memoria del niño. La muerte de Laureano Lillo no solo sacudió profundamente a los vecinos de Godoy Cruz, sino que también puso en el centro de la agenda pública la precariedad habitacional en la que viven muchas familias y la alarmante falta de redes de contención para personas con discapacidades auditivas graves. En las próximas semanas, se presentarán testimonios clave de especialistas que analizaron el contexto de extrema pobreza y vulnerabilidad en el que vivía la familia. La justicia tiene la difícil tarea de decidir si la madre poseía los recursos cognitivos para prever el peligro o si, por el contrario, su propia condición la exime de responsabilidad criminal directa en esta tragedia que pudo evitarse con una intervención presente.