La Comisión Europea ha dado un paso firme en su supervisión de las grandes tecnológicas al abrir una investigación formal contra Meta. El organismo regulador sospecha que la matriz de Facebook e Instagram no está cumpliendo con sus obligaciones para proteger a los usuarios más jóvenes, permitiendo que menores de 13 años accedan a sus plataformas sin filtros efectivos. Según Bruselas, las medidas actuales aplicadas por la compañía liderada por Mark Zuckerberg son insuficientes para mitigar los riesgos derivados del uso de redes sociales en edades tempranas.

Riesgos para la salud mental y fallos de seguridad

La investigación se centra en cómo Meta gestiona la verificación de edad y el impacto que sus algoritmos de recomendación pueden tener en la salud mental de los niños. La Unión Europea, bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), exige que las plataformas sistémicas garanticen un nivel extremadamente alto de privacidad y seguridad para los menores. Entre las preocupaciones principales destacan:

• La posible creación de cámaras de eco que fomenten conductas adictivas.
• El acceso a contenidos inapropiados para la madurez de un niño.
• La falta de transparencia en los sistemas de verificación de edad.

A pesar de que las políticas internas de Meta prohíben el registro de usuarios menores de 13 años, el Ejecutivo europeo sostiene que las herramientas para hacer cumplir esta regla no parecen ser eficaces. Esto ha permitido que millones de niños eludan los controles, exponiéndose a entornos digitales no diseñados para ellos. Las autoridades temen que el diseño de las interfaces de Instagram explote vulnerabilidades psicológicas para maximizar el tiempo de permanencia, algo que resulta especialmente dañino en etapas críticas del desarrollo infantil.

Meta, por su parte, ha defendido sus esfuerzos alegando que ha introducido más de 30 herramientas de seguridad para adolescentes y familias en la última década. Sin embargo, para la Comisión, estas acciones no son suficientes ante el crecimiento de problemas como el acoso digital o los trastornos de la imagen corporal. Si se demuestra que la empresa ha infringido la DSA, podría enfrentarse a multas de hasta el 6% de su facturación global anual.

Esta acción legal forma parte de una estrategia más amplia de la UE para regular el espacio digital y asegurar que el bienestar de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, prevalezca sobre el beneficio económico de las corporaciones tecnológicas. La vigilancia sobre el procesamiento de datos personales de menores y la exposición a publicidad dirigida también serán puntos clave en las próximas fases del proceso judicial.