La legislación española ha recorrido un largo camino en materia de igualdad de género, especialmente en lo que respecta a la identidad de los recién nacidos en el registro civil. Hasta finales del siglo pasado, el predominio del apellido paterno era absoluto e incuestionable si el padre era conocido. No fue hasta 1999 cuando se permitió, por primera vez, alterar el orden tradicional bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la verdadera revolución normativa llegó en 2017, cuando desapareció la asignación automática por defecto del apellido del padre, obligando a los progenitores a llegar a un acuerdo explícito sobre el orden de los apellidos de sus hijos al inscribirlos.

Barreras culturales y falta de información en el registro civil

A pesar de estos avances legales, las cifras actuales revelan una realidad persistente en la sociedad española: solo el 6 % de los niños nacidos en 2025 llevan el apellido de la madre en primer lugar. Esta estadística pone de manifiesto que el cambio legal no siempre se traduce de forma inmediata en un cambio sociológico profundo. Según expertos en sociología de la Universidad de Málaga, existen varios factores que explican este fenómeno tan marcado por la tradición:

• Desconocimiento de la norma: Muchas familias todavía creen erróneamente que el apellido del padre debe ir primero por obligación legal.
• Inercia social: La tradición está tan arraigada que se toma la decisión de forma automática sin que exista un debate previo en la pareja.
• Presión del entorno: En algunos contextos familiares, romper con la línea de sucesión masculina todavía se percibe con cierta reticencia o incomprensión.

En comparación con otros países, la situación de la herencia materna varía significativamente. Mientras que en algunas culturas la prioridad de la madre es la norma aceptada, en el ámbito occidental ha predominado el sistema patrilineal durante siglos. La importancia de elegir el apellido materno reside en el reconocimiento simbólico del papel fundamental de la mujer en la genealogía familiar. Al poner el nombre de la madre primero, se desafía una estructura histórica que invisibilizaba el linaje femenino de forma sistemática. Los especialistas sugieren que para aumentar este porcentaje es necesaria una mayor labor de divulgación en los hospitales y centros de registro, asegurando que cada pareja sea plenamente consciente de su capacidad de elección. La identidad es el primer derecho de una persona y decidir cómo se construye ese nombre es un ejercicio fundamental de libertad e igualdad que todavía tiene mucho margen de crecimiento en la sociedad contemporánea española.