Una investigación judicial de gran alcance ha puesto bajo la lupa el funcionamiento del sistema de importaciones en Argentina durante el periodo comprendido entre octubre de 2022 y diciembre de 2023. De acuerdo con los avances en la causa que lidera el fiscal Franco Picardi, se habría detectado un esquema de corrupción institucionalizado que exigía el pago de sobornos para la aprobación de permisos de importación a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este mecanismo, que operaba bajo la órbita del entonces ministro de economía Sergio Massa, permitía a las empresas beneficiadas acceder a la compra de moneda extranjera al tipo de cambio oficial, una ventaja competitiva determinante en un contexto de alta brecha cambiaria.

El funcionamiento del sistema de autorizaciones SIRA

La investigación señala que el otorgamiento de estos permisos no seguía criterios técnicos objetivos, sino que dependía de una red de intermediarios y funcionarios. El mecanismo de coimas habría oscilado entre el 10% y el 15% del valor de las operaciones solicitadas. Entre los puntos clave que el juzgado de Ariel Lijo analiza, se destacan las siguientes irregularidades detectadas:

• Pagos indebidos realizados por al menos cuatro grandes grupos empresarios ya identificados.
• Influencia directa de dependencias estatales clave como la Dirección General Impositiva (DGI), la Aduana y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
• Circuitos financieros informales utilizados para el movimiento de los fondos provenientes de los retornos.
• Intervención de operadores financieros que facilitaban el nexo entre el sector privado y el poder político.

El monto total de las operaciones bajo sospecha supera los 3,5 millones de dólares, aunque los investigadores estiman que la cifra real podría ser significativamente superior a medida que avancen los peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados en los más de 30 allanamientos realizados recientemente. La causa también vincula estos movimientos con otras investigaciones paralelas de corrupción, como las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), sugiriendo una matriz de recaudación ilegal extendida en diversas áreas del gobierno anterior.

Consecuencias legales y el impacto en el sector empresarial

Hasta el momento, la justicia ha imputado a cinco funcionarios del BCRA y a diversos operadores que actuaban como facilitadores. El fiscal Picardi sostiene que el control del esquema dependía de áreas bajo la influencia directa de la gestión económica de Alberto Fernández y Sergio Massa. La situación pone en jaque a varios empresarios que, según la fiscalía, habrían aceptado pagar estas coimas para mantener la operatividad de sus negocios frente a las restricciones externas. El avance de la investigación buscará determinar la responsabilidad penal de los niveles jerárquicos superiores y cómo este sistema afectó la transparencia del comercio exterior argentino durante uno de sus periodos más críticos en términos de reservas internacionales.