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21/11/2026 06:52

Polémica por el nuevo sistema de información laboral que exigirá el gobierno de la provincia de Buenos Aires

La Sociedad Rural Argentina rechazó la implementación del formulario F.U.T.U.R.O. por considerarlo excesivo

Polémica por el nuevo sistema de información laboral que exigirá el gobierno de la provincia de Buenos Aires

El anuncio de una nueva disposición administrativa en la provincia de Buenos Aires ha generado una fuerte controversia en los sectores productivos, especialmente en el ámbito agropecuario. El gobierno encabezado por Axel Kicillof formalizó la creación del sistema Formulario Único de Trabajo y Unificación de Recursos Operativos, conocido por sus siglas F.U.T.U.R.O. A través de la resolución 260/2026, el Ministerio de Trabajo bonaerense exigirá a todos los empleadores la presentación mensual de información detallada sobre la situación salarial y laboral de su personal a partir de enero de 2027.

Los detalles del nuevo sistema de fiscalización laboral

Según la normativa impulsada por el ministro Walter Correa, este sistema se presenta como una herramienta tecnológica moderna destinada a optimizar los mecanismos de control y fiscalización del empleo en el territorio provincial. El objetivo oficial es garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y tener un diagnóstico preciso de la realidad laboral en la provincia para combatir la precarización. Sin embargo, la obligatoriedad de presentar una declaración jurada mensual con datos específicos sobre las jornadas de trabajo y los ítems salariales ha puesto en alerta a las cámaras empresariales. El sistema F.U.T.U.R.O. no solo abarca al sector rural, sino que es exigible para cualquier empleador con domicilio fiscal o establecimientos dentro de los límites bonaerenses.

El rechazo de la Sociedad Rural Argentina

La Sociedad Rural Argentina (SRA), liderada por Nicolás Pino, fue una de las primeras instituciones en manifestar un rechazo categórico a la medida. Desde la entidad consideran que esta exigencia representa un retroceso significativo en los esfuerzos por simplificar la burocracia administrativa que tanto necesita el país. Para la SRA, el nuevo formulario impone cargas adicionales que aumentan los costos operativos de los empleadores y genera un esquema de control que consideran excesivo. Los representantes del campo sostienen que este tipo de regulaciones desalienta la inversión y dificulta la gestión diaria de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas explotaciones que no cuentan con estructuras administrativas para procesar declaraciones mensuales adicionales a las nacionales.

Entre los puntos de mayor fricción señalados por los productores y expertos en derecho laboral se encuentran:

  • La periodicidad mensual de la carga de datos, considerada innecesaria por la mayoría de los empleadores.
  • El riesgo de superposición de información con sistemas nacionales como los de la AFIP, generando una doble carga burocrática.
  • El incremento en los costos de asesoría contable necesarios para cumplir estrictamente con la nueva normativa provincial.
  • La posible aplicación de sanciones económicas ante errores técnicos de la plataforma o demoras en la carga de datos.

La Sociedad Rural ha solicitado formalmente una revisión integral de la resolución, argumentando que se deben buscar mecanismos que fomenten el empleo formal sin asfixiar a quienes generan trabajo genuino. La preocupación se extiende también a otros rubros industriales y comerciales, que ven en esta medida un avance del Estado sobre la gestión privada que podría derivar en una mayor presión fiscal encubierta bajo controles administrativos.

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