Economía
20/11/2026 03:08
El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70 que liberaban los precios de los planes de salud
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo trascendental que impacta directamente en el sistema de salud privada de Argentina. Al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023, el máximo tribunal frenó la desregulación total de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Esta decisión surge de la causa iniciada por María del Carmen Bobbio contra Swiss Medical, donde se cuestionaba la facultad del Poder Ejecutivo para liberar los precios sin intervención estatal previa.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz fundamentaron su decisión en la falta de justificación técnica y jurídica para el uso de un DNU en este ámbito. Según el tribunal, no se demostró que el Congreso estuviera impedido de sesionar ni que existiera una urgencia tal que obligara a modificar por decreto la ley 26.682, la cual regula el marco de las prepagas. Con esta sentencia, se restablece el esquema donde el Estado recupera facultades de fiscalización sobre los aumentos aplicados por las compañías.
El fallo genera un escenario de incertidumbre tanto para los afiliados como para las prestadoras. Entre los puntos clave analizados por el sector se encuentran:
Desde la Unión Argentina de Salud (UAS), entidad que nuclea a las principales empresas del sector, manifestaron una "enorme preocupación". Los directivos advirtieron que la liberación de cuotas era necesaria para compensar el atraso en los valores de las prestaciones y los insumos médicos. En un comunicado oficial, la UAS hizo un llamado al diálogo constructivo, buscando consensos que involucren a todos los actores del sistema para evitar el colapso prestacional y asegurar la sostenibilidad de las clínicas y sanatorios.
Por el lado del Gobierno nacional, el silencio ha sido la respuesta inicial. No ha habido declaraciones oficiales sobre si se apelará a instancias internacionales o si se enviará un proyecto de ley al Congreso para subsanar los vicios señalados por la Corte. Mientras tanto, los usuarios aguardan definiciones claras sobre el valor de sus planes para los próximos meses, en un contexto donde la salud se vuelve un ítem cada vez más pesado en el presupuesto familiar y la seguridad jurídica del sector queda en entredicho ante este nuevo escenario judicial.