Exterior

19/11/2026 09:56

El máximo tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás

La justicia internacional responsabiliza a un Estado por violar la convención de 1948 tras la masacre de 2017

El máximo tribunal de la ONU concluye que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyás

El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) ha emitido un fallo histórico que marca un hito en la justicia global al declarar que Myanmar es responsable de un genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. En una decisión dividida por nueve votos a favor y seis en contra, el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas determinó que el Estado birmano violó la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio de 1948. Esta sentencia reconoce formalmente que el país no impidió que sus Fuerzas Armadas llevaran a cabo masacres, violaciones masivas y actos de violencia extrema que resultaron en la muerte de al menos 10.000 personas en el año 2017.

Un fallo histórico contra un Estado soberano

Es la primera vez en la trayectoria del TIJ que un Estado es hallado responsable de este crimen atroz, diferenciándose de tribunales penales internacionales que suelen juzgar a individuos. La decisión pone fin a años de deliberaciones sobre la campaña militar lanzada en el estado de Rakáin, que obligó a más de 700.000 rohinyás a huir hacia el vecino Bangladés. La demanda, presentada originalmente por Gambia en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica, ha servido para que el tribunal analice minuciosamente los informes de misiones de investigación de la ONU que ya habían alertado sobre indicios de genocidio. El tribunal subraya que las pruebas demuestran una intención clara de destruir al grupo étnico-religioso mediante tácticas como:

  • La quema sistemática de aldeas enteras documentada por satélites.
  • Testimonios sobre el uso de la violencia sexual como arma de guerra estratégica.
  • La privación deliberada de recursos vitales para la supervivencia de la población.
  • La ejecución sumaria de niños y adultos desarmados en zonas civiles.

El impacto de esta resolución trasciende lo jurídico y entra de lleno en la esfera política internacional. Al ser una sentencia vinculante, Myanmar enfrenta ahora una presión sin precedentes para detener cualquier acto de violencia remanente y facilitar el retorno seguro de los refugiados. Además, el fallo abre la puerta a que el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas más drásticas, aunque esto último depende de la voluntad de los países con derecho a veto. Los activistas de derechos humanos han calificado la jornada como un día de redención para las víctimas que durante años clamaron por una validación oficial de su sufrimiento.

A pesar de las negativas constantes del gobierno birmano, que siempre defendió sus acciones como una operación antiterrorista legítima, el tribunal ha sido tajante al considerar que la escala y naturaleza de la violencia sobrepasaban cualquier justificación militar. La comunidad internacional observa ahora cómo se implementará este mandato judicial en un país sumido en la inestabilidad interna tras el golpe de Estado de 2021, lo que complica la ejecución de las reparaciones exigidas por el tribunal internacional.

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