Campo
18/11/2026 08:41
El conflicto surge tras la eliminación de la tasa vial específica y la implementación de un nuevo esquema tributario general
Los productores agropecuarios del partido bonaerense de Zárate han decidido elevar su reclamo a las instancias legales tras meses de gestiones infructuosas ante las autoridades locales. La controversia gira en torno a la implementación de nuevas tasas municipales que, según los afectados, carecen de contraprestación efectiva y desvían fondos originalmente destinados al mantenimiento de la infraestructura rural. Esta decisión marca el inicio de una batalla judicial que busca frenar lo que consideran un avance fiscal desmedido por parte de la administración municipal liderada por el intendente Marcelo Matzkin.
El núcleo del conflicto radica en la reforma fiscal que entró en vigencia el pasado 1 de enero de 2025. Hasta finales de 2024, los establecimientos rurales de Zárate tributaban bajo el concepto de tasa de red vial, la cual poseía una asignación específica destinada exclusivamente al mantenimiento y mejora de los caminos rurales. Sin embargo, con el nuevo presupuesto, este tributo fue eliminado y sustituido por una denominada tasa general de alcance general. Esta modificación técnica no es menor, ya que diluye la obligatoriedad del municipio de invertir lo recaudado directamente en la zona que genera el aporte.
Además del cambio estructural, los productores denuncian la imposición de la tasa de alumbrado público en áreas donde el servicio es inexistente. Ricardo Runza, productor autoconvocado del distrito, explicó que el reclamo no es nuevo y que ya en abril pasado intentaron establecer un diálogo constructivo. Estamos pagando por servicios que no recibimos. La tasa de alumbrado se incluyó en las facturas de establecimientos rurales que se encuentran en plena oscuridad, sin ningún tipo de infraestructura lumínica pública, señaló Runza a los medios de comunicación.
La eliminación de la tasa vial específica ha puesto en jaque el funcionamiento del consorcio caminero local. Este organismo, que había sido creado bajo gestiones anteriores para garantizar la transitabilidad de las rutas de producción, se ha quedado sin su fuente principal de financiamiento directo. Los productores advierten que, sin estos recursos, el deterioro de los caminos será inevitable, afectando la logística y la competitividad de la producción regional.
A pesar de haber presentado dos proyectos de ordenanza ante el Concejo Deliberante para intentar revertir esta situación, las iniciativas no han tenido avances legislativos significativos. Ante este panorama de parálisis institucional y falta de respuestas concretas por parte del poder ejecutivo local, los productores han optado por la vía judicial como último recurso para proteger sus derechos y garantizar que los impuestos rurales vuelvan efectivamente al campo en forma de servicios municipales de calidad.