Campo
17/11/2026 14:39
La principal empresa del sector avícola nacional entra en un proceso de reestructuración tras declarar deudas millonarias y parálisis en sus plantas.
La justicia comercial de la Nación ha dado un paso determinante al abrir el concurso preventivo de Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I., la firma líder del sector avícola en la Argentina. Esta decisión surge tras meses de incertidumbre financiera, ejecuciones de deuda y la paralización de diversas plantas productivas que afectaron directamente a miles de trabajadores. El juez Germán Páez Castañeda, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial número 21, dictó la resolución que se oficializó mediante el Boletín Oficial, marcando el inicio de una etapa crítica para la reestructuración de la compañía.
Uno de los puntos más relevantes del fallo judicial es la fijación de un cronograma estricto para que los acreedores presenten sus solicitudes de verificación de deuda. Según el edicto publicado, quienes posean créditos pendientes con la empresa anteriores a la presentación del concurso tendrán tiempo hasta el 31 de mayo de 2027 para solicitar el reconocimiento de sus acreencias. Para llevar adelante este exhaustivo control, el juzgado ha designado al Estudio Rufino, Lema y Asociados, quienes actuarán como síndicos encargados de auditar las presentaciones.
La situación de Granja Tres Arroyos es compleja debido a la magnitud de sus compromisos financieros. Al momento de solicitar el concurso, la empresa declaró un pasivo astronómico que superaba los 536.000 millones de pesos hacia finales de 2025. Este desbalance financiero incluye una nómina de más de 4.800 acreedores y una cifra alarmante de cheques rechazados que asciende a 126.000 millones de pesos, reflejando una ruptura total en la cadena de pagos del gigante avícola.
El desglose del pasivo de Granja Tres Arroyos revela la profundidad de la crisis que atraviesa el grupo. Entre los rubros más críticos se encuentran:
A pesar de la pesada carga de la deuda, el estado patrimonial con corte a julio de 2026 arroja datos de activos significativos por 730.240 millones de pesos, frente a un pasivo de 529.149 millones de pesos. Esto sugiere que, si bien la empresa posee bienes y capacidad instalada valiosa, el estrangulamiento financiero y la falta de liquidez inmediata son los factores que obligaron a recurrir a la protección judicial. El objetivo ahora es lograr un acuerdo preventivo que permita la continuidad de las operaciones y el sostenimiento de las fuentes de trabajo.