Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ha manifestado su firme postura frente a la implementación de la plataforma Visec, un sistema diseñado para cumplir con las exigencias normativas antideforestación impuestas por la Unión Europea. La entidad gremial no descarta iniciar acciones legales concretas o recurrir formalmente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, bajo el argumento de que el sistema actual podría constituir un oligopolio que perjudica gravemente a los productores locales de carne y soja. Esta situación ha generado un clima de incertidumbre en el sector agropecuario argentino, especialmente ante la inminente entrada en vigor de las nuevas reglas comerciales del bloque europeo.

El conflicto por las exigencias ambientales de la Unión Europea

La controversia surge directamente de la normativa de la Unión Europea que entrará en plena vigencia en enero de 2025. Esta regulación establece una exigencia estricta: los productos agroindustriales importados, fundamentalmente la carne vacuna y la soja, no deben provenir de tierras que hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Para facilitar el cumplimiento de este requisito, un grupo de exportadores desarrolló Visec, una plataforma privada de trazabilidad que hoy se encuentra bajo el escrutinio de las principales entidades rurales del país por su carácter obligatorio de facto.

Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, expresó a través de una columna de opinión que Visec se ha transformado en un árbitro determinante sobre quién tiene permitido vender y en qué condiciones comerciales lo hace hacia el mercado europeo. Según la visión de la entidad, la falta de alternativas y la obligatoriedad de uso de esta plataforma privada generan asimetrías de poder significativas en el mercado interno. En el sector ganadero, la situación es crítica: se han reportado descuentos y penalizaciones en el precio pagado a aquellos productores cuya hacienda no está integrada al sistema de validación de Visec, lo que CRA califica como un castigo injustificado para el eslabón más débil de la cadena.

Los puntos centrales de la denuncia presentada por CRA incluyen:

• Falta de reconocimiento oficial: Se critica duramente que no se validen otros registros públicos nacionales o provinciales que ya certifican fehacientemente el origen de la producción y el estado de los bosques.
• Impacto económico dispar: Mientras que en el complejo sojero se otorgan bonificaciones por mercadería validada, en la ganadería se aplican quitas directas al precio del animal si no cumple con los requisitos de la plataforma.
• Soberanía y control de datos: Existe una profunda preocupación sobre cómo los exportadores gestionan información estratégica de los campos de los productores a través de un sistema cerrado.

CRA ha hecho un llamado urgente al Gobierno nacional y a las administraciones provinciales para que intervengan de manera activa. La entidad solicita el desarrollo de herramientas públicas y gratuitas que brinden seguridad jurídica, transparencia y competitividad. La posible acción judicial se focalizaría en cuestionar la concentración de poder que ostenta el sistema Visec, argumentando que limita la libertad de comercio y establece barreras de entrada artificiales que afectan la rentabilidad de miles de familias rurales en toda la Argentina.