La Justicia previsional de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido un fallo trascendental que impacta directamente en el sistema de haberes jubilatorios en Argentina. La Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad sancionada durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Esta resolución judicial surge tras un exhaustivo análisis del impacto negativo que la fórmula de la ley 27.609 tuvo sobre el poder adquisitivo de los beneficiarios, especialmente frente a los altos índices de inflación registrados en los últimos años.

Los alcances del fallo sobre el cálculo de los haberes jubilatorios

A pesar de la declaración de inconstitucionalidad, los jueces Fernando Strasser, Alicia Braghini y Sebastián Russo determinaron que el efecto de esta sentencia sea limitado. En el marco de la causa titulada “Aguirre, Jorge Alberto c/Anses s/Reajustes varios”, el tribunal ordenó que la Anses proceda a recalcular el ingreso mensual del demandante utilizando el índice de inflación, pero estableciendo una fecha de corte específica. La reparación del perjuicio económico solo se aplicará a partir de octubre de 2023, descartando así reclamos retroactivos por los periodos anteriores de vigencia de la norma.

La ley 27.609, que rigió desde el año 2021 hasta junio de 2024, basaba sus aumentos en una combinación de recaudación tributaria y variaciones salariales, excluyendo la inflación como variable directa de ajuste. Esta metodología fue duramente criticada por especialistas y jubilados, ya que en contextos de alta volatilidad de precios, los haberes quedaron significativamente rezagados. El fallo actual reconoce este daño, aunque opta por una solución salomónica que evita un impacto fiscal masivo para el Estado nacional.

Actualmente, el esquema de actualizaciones ha cambiado significativamente. Desde abril de 2024, rige el DNU 274, el cual dispone que las jubilaciones se reajusten mensualmente de acuerdo a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec, con un rezago de dos meses. Entre los aspectos más relevantes del fallo se encuentran:

• El reconocimiento judicial de la insuficiencia de la fórmula anterior frente a la inflación.
• La determinación de octubre de 2023 como el punto de inicio para el recálculo.
• La confirmación de que la movilidad no puede ignorar el costo de vida real.
• El precedente que sienta para miles de causas similares en trámite.

Este escenario abre una nueva etapa en el litigio previsional argentino, donde se espera una ola de demandas que busquen aplicar este mismo criterio de actualización basado en el IPC para los periodos en los que la ley de movilidad anterior estuvo vigente, aunque bajo la restricción temporal impuesta por este fallo de segunda instancia.