En el extremo sur del país, la producción agropecuaria enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola en Santa Cruz, ha denunciado públicamente la pérdida de más de 5400 hectáreas de terreno productivo. La causa principal es la ineficiente gestión del basural municipal de Río Gallegos, cuyas instalaciones lindan con la propiedad rural. El productor asegura que el compromiso de realizar un enterramiento sanitario de los residuos no se ha cumplido, permitiendo que la basura se disperse sin control por toda la zona.

El impacto devastador de los microplásticos en el suelo

La situación es crítica debido a las condiciones climáticas de la región. Río Gallegos es conocida por ser una de las ciudades más ventosas del mundo, lo que facilita que los residuos livianos, principalmente plásticos y bolsas, vuelen kilómetros hacia el interior de los campos. Álvarez Bento describe un proceso de degradación alarmante: lo que antes eran bolsas enteras enganchadas en la vegetación, hoy se han transformado en microplásticos que se integran al suelo y contaminan las napas de agua cada vez que llueve.

Las consecuencias para la actividad ganadera son directas y graves:

• Retiro total de ovejas y vacas de las zonas afectadas para evitar la ingesta de plásticos.
• Pérdida de capacidad de invernada en cuadros que históricamente fueron productivos.
• Riesgo de muerte animal por obstrucciones digestivas causadas por el consumo accidental de residuos.
• Degradación permanente de la calidad del suelo por la acumulación de materiales no biodegradables.

A pesar de la gravedad de los hechos, las respuestas institucionales han sido lentas o inexistentes. En junio del año pasado, la administración de la Estancia Punta Loyola interpuso un amparo ambiental ante la justicia contra la Municipalidad de Río Gallegos. Sin embargo, el proceso judicial lleva más de un año de demora, lo que ha llevado al productor a visibilizar el problema a través de la Sociedad Rural local. La denuncia no solo busca el cese inmediato del volcado de basura a cielo abierto, sino también una remediación del daño causado a un ecosistema tan frágil como la estepa patagónica.

Este caso pone de manifiesto la tensión constante entre el crecimiento urbano desordenado y la preservación de las áreas productivas. Para los productores de Santa Cruz, la falta de una política de tratamiento de residuos moderna no solo afecta al medio ambiente, sino que pone en jaque la viabilidad económica de estancias pioneras en la región. El pedido de Álvarez Bento es claro: que se detenga el vertido de basura sin tratamiento y que la justicia actúe antes de que el daño sobre las 5000 hectáreas sea irreversible.