La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) ha entrado en una fase crítica de escrutinio político y técnico. Guillermo Michel, diputado nacional por la fuerza opositora Unión por la Patria y figura cercana al exministro Sergio Massa, ha presentado una solicitud formal ante la Auditoría General de la Nación (AGN) para llevar a cabo una revisión exhaustiva de todo el proceso de transferencia. El legislador busca asegurar que el traspaso de la compañía a manos privadas se realice bajo los más estrictos estándares de transparencia y cumplimiento legal, especialmente antes de que se venza el plazo estipulado para la firma definitiva de los contratos de venta de las acciones estatales.

Hacia una auditoría integral del patrimonio público

Michel, quien desempeña un rol clave en la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, sostiene que es imperativo analizar no solo la valoración financiera de la empresa, sino también las condiciones de cumplimiento de los servicios básicos que presta. La solicitud enviada a Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN, pide que se incluya en el Programa Operativo Anual de 2026 una auditoría de gestión y financiera que abarque la totalidad de la operación de venta. Para el legislador, la falta de controles previos podría derivar en perjuicios irreparables para el patrimonio del Estado y para la calidad de vida de millones de habitantes que dependen diariamente de la red de agua potable y saneamiento.

La preocupación central de la oposición radica en la protección de los derechos de los usuarios en las zonas más vulnerables del conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Durante sus recientes declaraciones, el diputado advirtió que la transición hacia un modelo de gestión privada a través de fondos de inversión extranjeros podría desdibujar la responsabilidad directa sobre el servicio. Según su visión, los vecinos de localidades como González Catán podrían enfrentarse a una falta de interlocutores válidos ante posibles cortes de suministro o fallas graves de infraestructura. Michel enfatizó que el acceso al agua es una cuestión básica de derechos humanos y que el Estado no puede desentenderse de su rol regulador y fiscalizador en este proceso de transferencia de activos estratégicos.

El pedido de auditoría formal incluye los siguientes puntos fundamentales para garantizar la transparencia del proceso:

• Evaluación detallada de la solvencia técnica y financiera de los grupos inversores interesados en la compra.
• Revisión minuciosa de los pliegos de licitación y los mecanismos previstos para la fijación de tarifas futuras.
• Análisis del estado actual de la infraestructura hídrica antes de que se realice la entrega formal de la empresa.
• Control estricto de las obligaciones laborales y el mantenimiento de los puestos de trabajo de los operarios.

En un contexto de fuertes ajustes y reformas estructurales, la supervisión de las privatizaciones se vuelve un tema de alta sensibilidad política y social. La intervención de la AGN solicitada por Michel pretende poner un freno a la celeridad del proceso para garantizar que cada paso administrativo sea legalmente sólido y socialmente justo, evitando que la urgencia fiscal del gobierno comprometa el acceso a un recurso esencial para la población argentina en el largo plazo.