La localidad de Olavarría se encuentra en el centro de una fuerte controversia tras la decisión del intendente Maximiliano Wesner de bloquear accesos rurales mediante montículos de tierra. La medida fue presentada como un intento de frenar la escalada de abigeato y robo de ganado que afecta a los establecimientos rurales linderos a la ciudad. Sin embargo, la respuesta oficial generó un rechazo generalizado entre los productores agropecuarios y vecinos de la zona, quienes consideran que la acción es insuficiente y entorpece la circulación esencial para el trabajo cotidiano.

El conflicto escaló significativamente en las últimas semanas, luego de que se denunciaran más de 40 incidentes relacionados con el robo y la faena clandestina de animales. Los delincuentes no solo se llevan el ganado, sino que también provocan graves daños materiales, incluyendo cortes en más de 1100 metros de alambrados y cercos eléctricos. La audacia de los atacantes llegó al punto de balear cámaras de seguridad y desplazarse armados, incluso durante las horas de luz solar, lo que refleja un clima de inseguridad alarmante para los habitantes rurales.

Impacto económico y denuncias de los productores

Uno de los testimonios más contundentes proviene de Francisco Franco, un productor local que ha sufrido pérdidas millonarias en un periodo de tiempo extremadamente corto. Según sus declaraciones, en tan solo un mes fue víctima de dos ataques coordinados que le generaron un perjuicio económico estimado en 40 millones de pesos. El incidente más desgarrador ocurrió a mediados de octubre, cuando criminales faenaron tres vaquillonas preñadas que estaban a punto de parir y un ternero, dejando en evidencia la crueldad de la actividad delictiva en la región.

La secuencia de robos comenzó a mediados de septiembre. En esa oportunidad, los delincuentes sustrajeron diez terneros y abandonaron un animal muerto debido a su tamaño pequeño. Lejos de detenerse, regresaron la noche siguiente para matar otros 19 animales, diezmando la producción del establecimiento. Los productores afectados sostienen que bloquear las calles con tierra no es una solución estratégica contra el crimen organizado y exigen medidas de seguridad más robustas y patrullajes efectivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

La crítica principal radica en que estos montículos de tierra impiden el libre tránsito de maquinaria agrícola y vehículos de emergencia, mientras que los delincuentes suelen encontrar rutas alternativas de escape. La comunidad rural de Olavarría exige una mesa de diálogo urgente con las autoridades municipales para coordinar acciones que realmente ataquen el problema del abigeato. Mientras tanto, el malestar crece entre quienes ven peligrar su medio de vida frente a la aparente inacción o respuestas inadecuadas por parte de la gestión política local.