A través de la publicación de la resolución 1850/2026, el Ministerio de Economía de la Nación oficializó la declaración de emergencia agropecuaria para diversas zonas de la provincia de Buenos Aires. Esta medida administrativa, que lleva la firma del ministro Luis Caputo, responde de manera directa a los graves efectos provocados por las inundaciones que afectaron severamente la capacidad productiva de los establecimientos rurales en el partido de 9 de Julio y áreas específicas de Necochea durante el transcurso del año 2026.

Alcance y beneficios de la ley de emergencia

La normativa establece que el estado de emergencia o desastre agropecuario tendrá vigencia retroactiva desde el 1° de mayo hasta el 31 de octubre de 2026. Los productores que se encuentren dentro de las zonas delimitadas podrán acceder a los beneficios estipulados por la ley 26.509. Entre las herramientas de asistencia más destacadas se encuentran la prórroga del pago de impuestos nacionales, la suspensión temporal de juicios de ejecución fiscal y el acceso a líneas de crédito con tasas bonificadas a través del Banco Nación, lo que permitirá a los afectados recomponer su capital de trabajo tras la pérdida de cultivos o ganado.

Coordinación entre nación y provincia

La decisión administrativa surge tras el análisis técnico detallado realizado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que validó el decreto provincial 1270 emitido previamente por el gobierno bonaerense. En el caso de Necochea, la medida no abarca la totalidad del distrito, sino que se concentra específicamente en las circunscripciones II, III, IV y XII, donde el impacto hídrico fue más severo, impidiendo las labores de siembra y afectando la sanidad de los rodeos. La resolución subraya la importancia de la celeridad en la entrega de certificados para que el alivio fiscal sea efectivo.

• Cobertura territorial: Declaración válida para la totalidad del partido de 9 de Julio.
• Zonificación en Necochea: Cobertura específica para cuatro circunscripciones rurales críticas.
• Asistencia financiera: Acceso a beneficios fiscales y financieros automáticos tras la certificación.
• Marco legal: Aplicación estricta de la ley 26.509 y sus modificatorias vigentes.

El reconocimiento nacional es un paso burocrático esencial para que los productores puedan presentar sus certificados de daños ante los organismos recaudadores como la AFIP. En un contexto donde la volatilidad climática condiciona de forma recurrente los márgenes de rentabilidad, la intervención estatal busca mitigar la pérdida de ingresos y asegurar la continuidad de las explotaciones familiares y comerciales que forman el motor productivo fundamental de la región pampeana.