El gobierno nacional ha dado un paso definitivo en su programa de reformas estructurales al adjudicar oficialmente la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta operación se concretó por un valor de 340,2 millones de dólares y marca el fin de una etapa de gestión estatal directa sobre uno de los servicios más críticos de la infraestructura urbana. El consorcio adjudicatario está liderado por firmas con amplia trayectoria, incluyendo a Rowing SA, vinculada a Walter Román, y Transclor SA, propiedad del empresario Mauricio Filiberti, conocido popularmente como el "Rey del Cloro" debido a su dominio en el mercado de productos para el tratamiento de agua.

Implicancias de la venta y estructura de la adjudicación

La formalización de esta venta se realizó mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el titular de la cartera, Luis Caputo. Este documento no solo aprueba la segunda etapa de la licitación pública nacional e internacional, sino que establece un orden de mérito donde la propuesta del consorcio ganador se impuso por su solidez financiera. En segundo lugar quedó el grupo conformado por Benito Roggio e Hijos y otras constructoras, cuya oferta fue de 285 millones de dólares, una diferencia considerable que inclinó la balanza a favor del grupo de Filiberti. La privatización de AySA es vista como un caso testigo para la administración actual, que busca reducir el peso del Estado en la economía y atraer inversión privada extranjera y nacional para modernizar las redes de agua y cloacas que sirven a más de 14 millones de ciudadanos.

El proceso de transición será complejo, dado que la empresa gestiona una red extensa que abarca la Capital Federal y gran parte del conurbano bonaerense. Los nuevos operadores deberán enfrentar desafíos significativos en términos de inversión en infraestructura, mantenimiento de plantas potabilizadoras y expansión de la red hacia zonas periféricas que aún carecen de servicios básicos. La resolución gubernamental también detalla que el pago se realizará de manera coordinada con la Tesorería General de la Nación, asegurando que los fondos ingresen de forma directa a las arcas estatales antes de finalizar el año en curso.

Próximos pasos y compromisos contractuales

• Firma del contrato definitivo: La fecha límite establecida por las autoridades para la rúbrica del acuerdo de compraventa es el próximo 13 de noviembre de 2026.
• Garantías de servicio: El nuevo consorcio debe asegurar la continuidad de la prestación sin interrupciones durante el periodo de toma de posesión operativa.
• Mantenimiento de empleo: Si bien el 90% de las acciones cambian de manos, el 10% restante sigue destinado al programa de propiedad participada de los trabajadores, un componente clave para la estabilidad laboral en la firma.

Con esta medida, el Estado nacional busca no solo un ingreso inmediato de divisas, sino también delegar la responsabilidad del financiamiento de obras de largo plazo al sector privado. El impacto de esta decisión se evaluará en los próximos años en función de la calidad del servicio y las tarifas que se apliquen a los usuarios finales, quienes esperan que la nueva gestión traiga consigo las mejoras tecnológicas prometidas durante el proceso licitatorio.