La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó recientemente una ley que ha encendido las alarmas entre los productores agropecuarios y entidades del sector. La normativa autoriza a los municipios a reasignar hasta el 100 por ciento de los fondos coparticipados derivados del Impuesto Inmobiliario Rural, los cuales originalmente estaban destinados de forma exclusiva al mantenimiento de la red vial rural. Estos importantes recursos podrán ser utilizados ahora para la realización de diversas obras hídricas destinadas a mitigar los efectos de las inundaciones en territorio bonaerense.

Alcances y controversias de la nueva normativa vial y su impacto rural

La iniciativa, que ya contaba con la aprobación previa de la Cámara de Senadores, establece que los fondos podrán destinarse a tareas de drenaje pluvial, limpieza de canales, dragado de arroyos, reparación de alcantarillas y adquisición de maquinaria hídrica específica. Si bien el objetivo oficial es preparar la infraestructura provincial ante posibles fenómenos climáticos extremos como El Niño, la comunidad rural teme que esta medida resulte en un deterioro irreversible de los caminos secundarios y terciarios, que son esenciales para la salida de la producción diaria.

Los principales puntos de conflicto señalados por los dirigentes y entidades del campo incluyen factores que podrían perjudicar la logística agroindustrial de la provincia:

• La falta de especificidad sobre si las obras hídricas deben realizarse estrictamente dentro de las zonas rurales afectadas.
• La posibilidad de que los recursos se desvíen hacia infraestructuras urbanas ajenas a la producción agropecuaria.
• El riesgo inminente de que los caminos rurales queden sin presupuesto para mantenimiento básico durante el próximo semestre.
• La excesiva discrecionalidad que la ley otorga a los intendentes para mover estas partidas presupuestarias clave.

La ley tendrá una vigencia inicial de 180 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Durante este periodo, los municipios tendrán la potestad legal de decidir el destino final de los montos transferidos bajo el marco de la Ley 13.010. Representantes del sector agropecuario han manifestado que, aunque las obras contra inundaciones son sumamente necesarias, no deberían financiarse desprotegiendo otra área vital como es la transitabilidad de las rutas rurales que permiten el ingreso de insumos y salida de cosechas.

El debate actual se centra en la sostenibilidad a largo plazo de la infraestructura productiva. Sin caminos en condiciones óptimas, el transporte de granos y ganado se encarece significativamente, afectando de manera directa la competitividad del campo bonaerense frente a otros mercados. Los productores exigen que se garantice que el Impuesto Inmobiliario Rural retorne en beneficios tangibles para el sector, evitando que los fondos se diluyan en gastos generales.