La Cámara de Diputados de la Nación se convirtió en el escenario de un intenso debate legislativo sobre el futuro de la industria energética argentina. El centro de la discusión es el nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, un sector estratégico que genera tensiones entre los distintos actores de la cadena productiva. Mientras las empresas aceiteras agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) defienden la media sanción obtenida en el Senado, las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector reclaman modificaciones urgentes para asegurar su viabilidad en un mercado cada vez más competitivo. El principal punto de discordia reside en el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil y la forma en que se abrirá el juego a las grandes aceiteras integradas. Las pymes sostienen que, sin un incremento sustancial en el corte, su participación en el mercado interno se verá drásticamente reducida frente al poderío de las exportadoras. Por ello, propusieron elevar el corte obligatorio directamente al 12% o incluso al 12,5%, superando lo estipulado originalmente en el proyecto de ley. Esta medida, aseguran, permitiría absorber la mayor oferta sin desplazar a las plantas de menor escala que hoy dependen exclusivamente de la cuota local.

Claves del proyecto y la postura de las aceiteras

El proyecto que llegó desde el Senado contempla una elevación progresiva de las mezclas. Específicamente, propone pasar del 7,5% al 10% de biodiésel en gasoil en un plazo de doce meses, y del 12% al 15% de bioetanol en las naftas. Sin embargo, para los representantes de las pymes, este cronograma resulta insuficiente frente a la apertura del mercado. Por su parte, Gustavo Idígoras, presidente de Ciara, defendió la redacción actual argumentando que el texto ya contempla herramientas de protección para las firmas que abastecen el mercado interno y que fue fruto de un consenso previo. Según Idígoras, la media sanción es un equilibrio necesario para permitir que la industria argentina pueda competir y crecer. Entre los puntos destacados de la normativa en debate se encuentran:

• Incremento gradual del corte obligatorio para el biodiésel hasta alcanzar el 10%.
• Aumento del porcentaje de bioetanol en naftas al 15% tras un año de vigencia.
• Establecimiento de mecanismos de cupos para proteger a las plantas no integradas.
• Fomento de la inversión tecnológica en plantas de biocombustibles de segunda generación.

La discusión legislativa continuará la próxima semana, cuando se espera que las comisiones emitan un dictamen definitivo. Los legisladores deberán sopesar los intereses de las grandes exportadoras de aceite con la necesidad de mantener el entramado pyme en el interior del país, fundamental para la generación de empleo local. La resolución de este conflicto definirá el rumbo de la transición energética en Argentina para la próxima década, afectando no solo a los productores sino también al precio final en los surtidores y al cumplimiento de metas ambientales internacionales.