Analistas económicos y consultoras privadas han encendido las alarmas sobre un fenómeno que está dificultando la desaceleración del índice de precios al consumidor (IPC). A pesar de que el gobierno de Javier Milei ha logrado mantener el valor del dólar bajo control mediante un esquema de devaluación administrada, el rubro de los servicios se ha convertido en el principal motor de la inflación persistente. Entre enero y septiembre de este año, los servicios acumularon un incremento del 30,2%, una cifra que supera por casi diez puntos porcentuales al aumento registrado en los bienes físicos durante el mismo periodo.

Esta resistencia a la baja se explica fundamentalmente por el proceso de recomposición tarifaria que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Las boletas de luz, gas y agua, junto con los aumentos en el transporte público, han tenido un peso determinante en el presupuesto de los hogares. Según datos de la consultora Econviews, entre finales de 2023 y septiembre de 2026, las tarifas energéticas se encarecieron un 126,2% en términos reales, mientras que el transporte público subió un 104,1%. Estos ajustes eran necesarios para reducir los subsidios estatales y cumplir con las metas fiscales, pero su impacto en la inflación núcleo es innegable.

El impacto de los servicios regulados y la recesión técnica

No solo las tarifas públicas presionan sobre el presupuesto de los ciudadanos. Los servicios privados también han mostrado una dinámica de ajustes constantes que alimentan la espiral inflacionaria en el país:

• Alquileres: continúan su senda alcista debido a la indexación de contratos previos y la escasez de oferta en grandes centros urbanos.
• Educación y salud: las cuotas de colegios privados y las empresas de medicina prepaga han aplicado subas mensuales consecutivas.
• Gastos fijos: otros servicios como seguros de automóviles y mantenimiento de edificios han seguido la inflación pasada con un marcado rezago.

Este escenario se produce en un marco de economía debilitada. Varios analistas advierten que la Argentina habría cerrado el tercer trimestre en lo que se denomina una recesión técnica. Esto significa que, aunque los precios de los bienes podrían estabilizarse por la caída de la demanda y el consumo, el costo de vida general no baja al ritmo esperado por la Casa Rosada debido a la inercia de los servicios. La estrategia oficial de anclar el tipo de cambio ha servido para moderar el precio de productos importados, pero tiene poco efecto sobre los servicios no transables que dependen de decisiones regulatorias estatales. Para lo que resta del año, el desafío del equipo económico será encontrar el equilibrio entre la quita de subsidios y la urgencia de mostrar una inflación de un solo dígito bajo.