El mercado laboral en Argentina atraviesa una crisis estructural que se manifiesta con especial crudeza en el trabajo por cuenta propia. Según un reciente informe del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario, basado en datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, la precariedad laboral ha alcanzado niveles alarmantes. En el conurbano bonaerense, el centro urbano más poblado del país, siete de cada diez personas que trabajan de manera independiente lo hacen fuera de los registros legales. Esta situación no solo implica una falta de cobertura inmediata, sino que compromete la estabilidad financiera del sistema previsional a largo plazo.

Esta cifra, que alcanza el 70,2%, es apenas la punta del iceberg de un fenómeno que atraviesa diversas provincias y sectores económicos, desde la venta minorista de alimentos hasta los servicios técnicos hogareños. A nivel nacional, el promedio de informalidad entre los cuentapropistas es del 65,8%, mientras que entre los asalariados la falta de aportes jubilatorios afecta al 37,9% de los trabajadores. En términos generales, casi la mitad de la población ocupada en los centros urbanos del país carece de protección social básica, con un índice de informalidad promedio del 45% que refleja una segmentación profunda entre trabajadores de primera y segunda categoría.

Las disparidades regionales en el empleo informal

Aunque el conurbano bonaerense presenta cifras preocupantes, no es la región más afectada por este flagelo. El ranking de informalidad en el cuentapropismo revela brechas geográficas significativas que demuestran la desigualdad económica del país. En las provincias del norte, la dependencia de la economía informal es casi total para quienes no poseen un empleo en relación de dependencia. Los datos del primer trimestre del año muestran un panorama crítico en varios puntos estratégicos del territorio nacional.

Entre los puntos críticos se destacan:

• Formosa: Lidera la estadística con un 87,9% de trabajadores independientes no registrados, marcando el nivel más alto del país.
• Gran Tucumán y Tafí Viejo: Presentan una tasa de informalidad del 87,6% en su población cuentapropista.
• Santiago del Estero y La Banda: Registran niveles similares con un 87,5%, evidenciando la falta de alternativas formales.
• Gran Resistencia y San Juan: Ambos centros urbanos superan el 83% de precariedad en este segmento laboral específico.

En el otro extremo del espectro, la Ciudad de Buenos Aires muestra la tasa más baja de informalidad en el cuentapropismo con un 32,8%, beneficiada por una estructura productiva más orientada a servicios profesionales y corporativos. Le siguen ciudades con perfiles industriales o turísticos específicos como Ushuaia y Río Grande con un 43,1%, Mar del Plata con un 42,7% y Bahía Blanca con un 43%. Estas diferencias exponen dos realidades paralelas en el mercado laboral argentino que dificultan la aplicación de políticas públicas uniformes.

El crecimiento sostenido de la informalidad no solo afecta la recaudación fiscal necesaria para el funcionamiento del Estado, sino que deja a millones de personas sin cobertura de salud de calidad, seguro contra accidentes de trabajo ni la posibilidad de acceder a una jubilación digna en el futuro. Este fenómeno consolida un ciclo de vulnerabilidad social difícil de romper sin reformas integrales que incentiven la registración sin penalizar la supervivencia de los pequeños emprendedores.