La transparencia en el uso de los recursos públicos ha vuelto a situarse en el centro del debate político y social en el interior de la provincia de Buenos Aires. En el partido de San Pedro, los productores agropecuarios han intensificado su reclamo ante la falta de información clara sobre el destino de los millonarios fondos destinados al mantenimiento de los caminos rurales. La Sociedad Rural local emitió un duro comunicado oficial exigiendo detalles precisos sobre la recaudación y ejecución presupuestaria correspondiente a los años 2025 y 2026, ante lo que consideran una gestión deficiente e injustificada de la red vial del distrito.

Exigencia de rendición de cuentas y posible judicialización del conflicto

El conflicto escaló rápidamente luego de que las autoridades municipales brindaran respuestas que el sector agroindustrial calificó como evasivas e irrespetuosas. Ante esta situación de desinformación, los representantes gremiales del campo han iniciado las gestiones legales necesarias para avanzar con la judicialización del pedido de acceso a la información pública. El objetivo principal es conocer con exactitud cuánto dinero ingresó a las arcas municipales mediante la tasa vial, quiénes fueron los proveedores contratados para las obras y qué cantidad de kilómetros recibieron intervenciones de mantenimiento efectivas. Los productores sostienen que la infraestructura rural es vital para el desarrollo local.

Los puntos centrales del reclamo formal incluyen las siguientes demandas:

• Detalle de gastos mensuales: Se pide aclarar con urgencia el uso de aproximadamente 124,9 millones de pesos mensuales destinados a combustibles, reparaciones y repuestos.
• Documentación respaldatoria: Exigen la presentación de todas las facturas, licitaciones y contratos que justifiquen las erogaciones informadas por el municipio.
• Estado real de la red vial: Solicitan un informe técnico detallado sobre la calidad de las reparaciones realizadas en los caminos troncales y secundarios.
• Proveedores locales: Conocer la nómina de empresas que prestan servicios al municipio en el marco del plan de vialidad rural.

Desde la entidad rural fueron tajantes al afirmar que no están solicitando favores especiales ni beneficios impositivos, sino simplemente el cumplimiento de una obligación estatal básica y fundamental. La red vial rural no solo funciona como el canal de salida para la producción granaria y ganadera hacia los puertos, sino que también garantiza la conectividad esencial de escuelas, centros de salud y familias que viven en el campo. La falta de mantenimiento adecuado genera costos logísticos adicionales que restan competitividad a los establecimientos agropecuarios de la zona, afectando la rentabilidad general.

El caso de San Pedro es un reflejo de una problemática recurrente en diversos municipios del territorio bonaerense, donde los contribuyentes denuncian que las tasas específicas se desvían para cubrir baches financieros generales. Los productores de San Pedro aseguran que continuarán con las medidas de fuerza y las acciones legales hasta obtener un desglose transparente que permita auditar la gestión de los fondos públicos que ellos mismos aportan mes a mes.