La Justicia Federal ha decidido dar curso formal a una acción de amparo presentada contra el Estado nacional debido a la interrupción del financiamiento destinado al mantenimiento y reparación de la red vial nacional en la provincia de Entre Ríos. Esta medida judicial busca obligar al Gobierno central a restablecer los giros de fondos que, por normativa vigente, deben aplicarse a la infraestructura de transporte. El conflicto surge a partir de la denuncia sobre el presunto desvío de recursos obtenidos mediante el impuesto a los combustibles líquidos, los cuales tienen una asignación específica que no se estaría respetando en la actual gestión económica.

El rol del impuesto a los combustibles y el sistema Sisvial

La demanda se centra en el funcionamiento del Sistema de Infraestructura de Transporte (Sisvial). Este fideicomiso se nutre principalmente de una porción de la recaudación del impuesto a los combustibles y está legalmente diseñado para garantizar que las rutas nacionales reciban inversiones constantes en construcción, conservación y seguridad vial. Los demandantes, entre los que se encuentran los dirigentes Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay, sostienen que estos fondos han sido desviados para otros fines presupuestarios ajenos a su destino original, dejando a las rutas entrerrianas en un estado de deterioro crítico que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.

Consecuencias legales y próximos pasos del gobierno

Con la apertura formal de la causa, el juzgado ha solicitado al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Vialidad que presenten informes detallados sobre la administración de estos recursos específicos. Los puntos principales que la Justicia analizará en esta etapa procesal incluyen:

• La trazabilidad de los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles líquidos durante el último año.
• El estado actual de las partidas presupuestarias asignadas contractualmente a la provincia de Entre Ríos.
• El impacto directo de la paralización de las tareas de mantenimiento preventivo en la red vial nacional.
• La legalidad del uso de fondos con asignación específica para cubrir otras necesidades del Tesoro Nacional.

Aunque la resolución judicial actual no implica todavía un fallo sobre la cuestión de fondo, el hecho de que se haya aceptado el amparo representa una presión institucional significativa para el Poder Ejecutivo Nacional. El Gobierno deberá justificar técnicamente por qué los recursos del fideicomiso vial no se han traducido en obras concretas. Esta situación se desarrolla en un contexto de fuerte ajuste fiscal, donde la inversión en infraestructura ha sufrido recortes generalizados. La decisión final que tome la Justicia Federal podría sentar un precedente relevante para otras jurisdicciones provinciales que enfrentan problemáticas similares con la falta de fondos para sus corredores viales nacionales.