La discusión por una nueva ley de semillas en la Argentina entrará el próximo lunes en una etapa decisiva que podría definir el futuro del modelo agroexportador del país. Tras una serie de tres reuniones técnicas intensas entre los equipos de la Mesa de Enlace y los directivos de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), el Instituto Nacional de Semillas (Inase) ha decidido convocar formalmente a ambos sectores para que pongan sus cartas sobre la mesa. El objetivo de este encuentro clave es identificar con precisión quirúrgica en qué puntos se ha logrado un acercamiento real sobre el concepto del uso propio de semillas y cuáles son las diferencias que todavía mantienen a las partes distanciadas. Con la información que surja de esta reunión, el Gobierno nacional tiene la intención de comenzar la redacción final de un proyecto de ley con la aspiración de enviarlo al Congreso de la Nación en un plazo estimado de un mes.

Hacia una modernización necesaria del marco legal agrario

La cita está pactada para el lunes, entre las 14 y las 16, en las oficinas de la Secretaría de Agricultura. La urgencia del Poder Ejecutivo radica en la necesidad de actualizar una normativa que ha quedado rezagada frente al vertiginoso avance de la biotecnología aplicada a los cultivos. Se busca establecer reglas de juego claras sobre los límites al uso propio, un derecho que asiste a los productores para reservar parte de su cosecha como semilla para la siguiente campaña, pero que genera tensiones con los obtentores de las variedades vegetales que reclaman el pago por su propiedad intelectual. Los cultivos que están en el centro de la tormenta son:

• La soja y el trigo, pilares fundamentales de la recaudación por retenciones.
• El algodón, esencial para las economías regionales del norte argentino.
• Las legumbres y otras variedades menores que requieren mayor inversión en genética.

El contexto de la convocatoria no es menor. Mientras el sector agropecuario enfrenta desafíos logísticos, como la caída de puentes antiguos y dificultades en la circulación que generan malestar en el interior productivo, la ley de semillas se presenta como una promesa de inversión a largo plazo. El Gobierno espera que las entidades rurales y las empresas de biotecnología lleguen a la reunión con una postura unificada sobre los consensos mínimos alcanzados. Una vez que el Inase procese estos datos, elaborará una propuesta de reforma que será consultada nuevamente con los actores antes de su ingreso formal al circuito legislativo. Este proceso busca garantizar que la Argentina recupere competitividad frente a competidores regionales como Brasil o Uruguay, que ya cuentan con sistemas de protección de propiedad intelectual más modernos y efectivos, incentivando así el desembarco de nuevas tecnologías que permitan aumentar los rendimientos por hectárea y la resistencia a factores climáticos adversos.