La inseguridad rural en la provincia de Entre Ríos ha alcanzado niveles críticos, generando una profunda angustia entre los productores del norte provincial. El caso de Álvaro Prevero, un productor que trabaja 200 hectáreas en las cercanías de la localidad de Bovril, se ha convertido en el símbolo de una problemática que parece no tener freno. En menos de 30 días, Prevero sufrió la pérdida de nueve animales —seis vacas y tres terneros— que fueron faenados ilegalmente en su propio campo. El sentimiento de impotencia es compartido por decenas de familias que ven cómo su capital de trabajo es diezmado por bandas organizadas.

Un diagnóstico alarmante en el departamento La Paz

Las cifras relevadas por la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA) son contundentes y reflejan la magnitud de la crisis. Desde finales del año pasado hasta la fecha, se han contabilizado entre 70 y 80 animales faenados en un radio reducido de apenas 15 kilómetros alrededor de Bovril. Esta zona, perteneciente al departamento La Paz, se encuentra en vilo ante la frecuencia de los ataques. Los delincuentes operan con gran conocimiento del terreno, aprovechando la nocturnidad y la vasta extensión de los establecimientos rurales para realizar las faenas clandestinas y retirar los cortes de carne de manera rápida.

Los afectados señalan que, si bien la Policía de Abigeato realiza sus labores de patrullaje y toma las denuncias, el sistema judicial no ofrece las respuestas necesarias. Existe una percepción generalizada de impunidad, ya que, a pesar de que se identifican sospechosos o se realizan allanamientos, las causas suelen estancarse sin llegar a condenas efectivas. Esta situación ha llevado a que muchos productores opten por dejar de denunciar los hechos, considerando que el trámite administrativo no conduce a la recuperación de lo perdido ni a la detención de los culpables.

El reclamo de las entidades agropecuarias ante la justicia

Los referentes de la Federación Agraria en Entre Ríos han alzado la voz para exigir medidas urgentes que garanticen la seguridad de quienes producen en el campo. Matías Martiarena, director de la entidad a nivel provincial, y Sebastián Klug, vicepresidente de la filial Bovril, han manifestado que es imperativo que las autoridades judiciales actúen con mayor celeridad y rigurosidad. Los productores no solo enfrentan la pérdida económica del animal, sino también la destrucción de años de mejora genética y el constante temor de ser víctimas de violencia directa durante los robos.

• Total de animales faenados: entre 70 y 80 en menos de un año.
• Radio de los ataques: 10 a 15 kilómetros alrededor de Bovril.
• Consecuencia inmediata: descapitalización y angustia del productor.
• Pedido principal: mayor efectividad en las causas judiciales.

El impacto económico para pequeños y medianos productores es devastador. La reposición de una vaca o un ternero implica una inversión que muchos no pueden afrontar en el corto plazo, especialmente en un contexto de alta inflación. La comunidad rural de Entre Ríos aguarda ahora una respuesta política y judicial que devuelva la tranquilidad a los campos, asegurando que el esfuerzo del trabajo diario no sea arrebatado por la delincuencia rural.