Una nueva controversia ha estallado en el ámbito de los organismos públicos argentinos tras conocerse la incorporación de un alto funcionario en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) bajo condiciones que han despertado fuertes críticas. El centro de la polémica es Daniel Alfredo Neira, quien desempeñó funciones de alta jerarquía en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) hasta finales de julio de 2026. Lo que ha generado un profundo malestar institucional no es solo su nuevo nombramiento, sino el hecho de que se produjo inmediatamente después de haber percibido una liquidación indemnizatoria millonaria por su salida del ente de comunicaciones.

Detalles de la indemnización y la nueva designación en el INTA

Según la documentación oficial a la que se ha tenido acceso, la desvinculación de Neira del Enacom se formalizó bajo los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. La resolución del organismo de comunicaciones implicó el pago de una suma neta total de $109.781.999,73. Esta cifra se compone de diversos ítems legales que, sumados, alcanzaron una magnitud que llamó la atención de los organismos de control y del propio Consejo Directivo del INTA. Entre los conceptos liquidados se destacan los siguientes montos específicos:

• 73.067.618 pesos en concepto de indemnización por antigüedad acumulada en el cargo.
• 9.742.349 pesos correspondientes a la falta de preaviso legal de la desvinculación.
• 24.096.076 pesos por el concepto de vacaciones devengadas y no gozadas durante su gestión.

La sorpresa para los integrantes del Consejo Directivo del INTA fue total al descubrir que, apenas 24 horas después de haber cobrado esta indemnización del Enacom, Neira ya ocupaba el cargo de gerente de contabilidad en el organismo tecnológico agropecuario. Esta situación ha puesto bajo una lupa crítica a la Dirección General de Administración, que fue la oficina impulsora de su contratación inmediata. La celeridad extrema del proceso de reubicación en el sector público ha llevado a diversos sectores internos a exigir una revisión de la decisión administrativa que ya había sido aprobada inicialmente.

El caso ha trascendido las fronteras de los organismos directamente involucrados, situándose en el centro del debate nacional sobre la transparencia y la ética en la administración de los recursos del Estado. Mientras el INTA, que depende administrativamente de la Secretaría de Agricultura, evalúa los pasos a seguir, la opinión pública cuestiona la razonabilidad de estos pagos y recontrataciones sucesivas. Los consejeros del organismo están analizando si la aprobación de su contrato debe ser revocada, dadas las implicancias morales que supone percibir una indemnización de tal magnitud para luego continuar en la función pública sin una interrupción real en la percepción de ingresos estatales.