Campo
15/09/2026 20:57
La empresa líder del sector avícola busca reestructurar su deuda tras la presentación judicial del grupo.
La industria avícola argentina enfrenta un momento de incertidumbre tras conocerse que Granja Tres Arroyos, la firma líder del sector, se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores. Esta medida judicial responde a una compleja situación financiera, judicial y laboral que viene arrastrando la compañía en los últimos meses. La causa ha quedado radicada en el Juzgado Comercial N°21, bajo la Secretaría N°42, marcando un punto de inflexión para el gigante de la producción de carne de pollo.
El expediente, registrado con el número COM 018558/2026 y caratulado como “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”, se encuentra actualmente en la etapa de despacho. Fuentes internas de la empresa confirmaron a LA NACION que el trámite ha sido iniciado formalmente, aunque todavía se aguarda la resolución judicial que disponga la apertura definitiva del proceso concursal. Esta es la segunda empresa del grupo que recurre a este mecanismo legal, siguiendo los pasos de Wade SA.
El Grupo GTA está conformado por un entramado de sociedades que dominan gran parte de la cadena de valor avícola en el país. Sus principales activos se distribuyen de la siguiente manera:
La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos se enmarca en un contexto de retracción del consumo interno y dificultades para el financiamiento en el mercado local. La empresa, que históricamente ha sido un pilar para las exportaciones del sector, busca mediante este concurso una reestructuración de su deuda que le permita mantener la operatividad de sus plantas y preservar los puestos de trabajo de miles de empleados distribuidos en diferentes provincias.
A pesar de la gravedad de la situación, directivos de la firma mantienen la expectativa de lograr un acuerdo con sus acreedores que garantice la continuidad del negocio. El sector avícola observa con preocupación este proceso, dado que Granja Tres Arroyos actúa como un termómetro de la actividad. La resolución del juez comercial será determinante para establecer los plazos y las condiciones en las que la compañía podrá renegociar sus compromisos financieros mientras intenta estabilizar su producción en un escenario económico desafiante.