Campo
11/09/2026 20:06
El legislador libertario denunció persecución política por parte del gobierno de Gildo Insfrán en Formosa
Después de un cuarto de siglo operando en el sector de la producción y comercialización agropecuaria, el senador nacional por Formosa, Francisco Paoltroni, anunció formalmente el cese de actividades de sus empresas. El legislador, perteneciente al bloque libertario, explicó que la decisión es el resultado de una situación de ahogo financiero insostenible, la cual atribuyó directamente a una serie de maniobras políticas y administrativas por parte del Poder Ejecutivo provincial.
Paoltroni ha sido una de las voces más críticas contra la gestión del gobernador Gildo Insfrán. En su comunicado oficial, el senador aseguró que sus compañías fueron blanco de una sucesión coordinada de multas desmedidas, embargos preventivos y controles exhaustivos que terminaron por asfixiar la operatividad diaria de su estructura empresarial. Según el legislador, estas acciones no solo afectaron su patrimonio, sino que también generaron presión indebida sobre sus clientes y proveedores habituales.
La situación financiera de su principal firma, Ganaderos de Formosa SRL, refleja el impacto de esta crisis. De acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina, la consignataria de hacienda fundada en 2010 presenta una deuda significativa manifestada en 225 cheques rechazados por un valor que supera los 1.200 millones de pesos. Este panorama llevó al empresario a tomar la determinación de poner en venta una de sus plantas y suspender las operaciones comerciales para intentar reordenar sus compromisos económicos de manera urgente.
En un video compartido a través de sus redes sociales, Paoltroni expresó su profundo dolor por tener que cerrar las puertas después de 25 años de trayectoria ininterrumpida. El senador afirmó que la interrupción busca darle tiempo para poner en orden la situación económica de sus compañías y atender los compromisos pendientes de manera responsable. Este caso pone de relieve la tensa relación entre el poder político provincial y los sectores productivos que mantienen posturas opositoras en el interior del país, marcando un precedente preocupante para la actividad privada regional.