El Ministerio de Capital Humano ha oficializado una medida clave para la contención de los sectores más vulnerables del país. A través de la Resolución 90/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, el gobierno nacional decidió extender por un período de 48 meses la vigencia del programa de acompañamiento social. Esta prórroga no solo garantiza la continuidad de la asistencia financiera para miles de familias, sino que también introduce cambios significativos en los lineamientos operativos que regulan el acceso, la permanencia y el control de los beneficiarios dentro del esquema federal de asistencia social.

Nuevos requisitos y alcance del programa de acompañamiento social

El objetivo central de esta iniciativa, originalmente creada bajo el Decreto 198/2024, es promover la inclusión social genuina y mejorar de manera sustancial las condiciones de vida de los hogares que presentan los mayores índices de exclusión. La nueva normativa pone un énfasis particular en el fortalecimiento del núcleo familiar y en el desarrollo de capacidades que permitan a los individuos alcanzar una mayor autonomía. Según los detalles técnicos brindados por las autoridades, el programa está ahora dirigido a un universo específico de beneficiarios que ya formaban parte del sistema y que cumplen con perfiles de alta vulnerabilidad social y económica.

Entre los grupos prioritarios definidos en los nuevos lineamientos se encuentran los siguientes sectores específicos:

• Hombres y mujeres de 50 años o más que se hallen en situación de vulnerabilidad extrema.
• Mujeres que tengan a su cargo cuatro o más hijos menores de edad en el hogar.
• Personas derivadas de unidades de gestión del Poder Ejecutivo vinculadas a situaciones de emergencia o contextos especiales.

Un aspecto fundamental de la resolución es la ratificación del monto de la prestación monetaria. Actualmente, el programa otorga una asignación mensual no remunerativa de 78.000 pesos. Sin embargo, el cobro de este beneficio no es automático ni incondicional; está sujeto al cumplimiento estricto de una serie de obligaciones y controles periódicos por parte del Estado. Estos mecanismos de supervisión buscan asegurar que los recursos lleguen de manera directa a quienes realmente los necesitan, evitando intermediaciones innecesarias y garantizando la transparencia en el manejo de los fondos públicos destinados a la seguridad social.

La extensión por cuatro años adicionales brinda una previsibilidad necesaria tanto para el Estado como para los titulares del derecho, permitiendo una planificación a mediano plazo de las políticas de intervención territorial. En este contexto, el Ministerio de Capital Humano busca consolidar una red de protección que trascienda la mera transferencia monetaria, integrando a los beneficiarios en procesos de capacitación y seguimiento que faciliten su eventual inserción laboral o el fortalecimiento de sus propios emprendimientos productivos dentro de su comunidad local, fomentando así un desarrollo sostenible.