La provincia de Tucumán ha sido escenario de un fallo judicial de gran trascendencia para la comunidad médica y la opinión pública en general. Los tres profesionales de la salud que enfrentaban cargos por la muerte de un niño de ocho años en 2016 han sido absueltos de toda responsabilidad penal. El caso se originó a raíz de una cirugía de amígdalas, una intervención considerada habitual y de bajo riesgo, que lamentablemente derivó en el fallecimiento del menor días después de haber salido del quirófano. La sentencia fue recibida con alivio por el sector médico, mientras que la familia de la víctima expresó su desolación y rechazo absoluto ante lo que consideran una falta de justicia.

Fundamentos del fallo y análisis de la evidencia médica

El tribunal encargado del caso fundamentó su decisión en la falta de pruebas concluyentes que permitieran sostener una acusación de homicidio culposo por mala praxis. A lo largo del debate oral, se presentaron múltiples informes de peritos médicos de parte y oficiales que analizaron cada paso de la atención brindada al niño. Según el veredicto, no se pudo demostrar que los médicos hayan actuado con negligencia, impericia o imprudencia. Los jueces determinaron que las complicaciones que llevaron al deceso fueron imprevistas y que la respuesta de los profesionales se ajustó a los protocolos internacionales de emergencia médica para casos de hemorragia postoperatoria.

Los puntos centrales que el tribunal analizó con detenimiento fueron los siguientes:

• La preparación previa del paciente y la realización de los estudios prequirúrgicos correspondientes.
• La técnica quirúrgica empleada durante la extirpación de las amígdalas y adenoides.
• La celeridad y el tipo de cuidados intensivos aplicados cuando el cuadro clínico del menor se descompensó.

A pesar de que la querella insistió en que hubo omisiones graves en el monitoreo postquirúrgico inmediato, la justicia consideró que las dudas planteadas no alcanzaron para quebrar el principio de inocencia de los imputados. En el derecho penal, para que exista una condena por mala praxis, debe haber una relación de causalidad directa y probada entre el error médico y el resultado muerte, algo que el tribunal consideró ausente en este proceso legal tan extenso y complejo.

Un largo proceso judicial que llega a su fin

La muerte del pequeño ocurrió en el año 2016, y desde entonces la causa ha atravesado múltiples etapas, incluyendo postergaciones y cambios en la composición de los tribunales. Para los médicos, este fallo representa el cierre de un ciclo de ocho años marcados por el estigma social y la presión mediática. Por otro lado, para los padres de la víctima, la absolución significa un duro golpe en su búsqueda de respuestas sobre por qué un niño sano no sobrevivió a una operación de rutina. Ellos han anunciado que agotarán todas las instancias de apelación, incluyendo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, para intentar revertir este veredicto.

Este caso subraya la complejidad de los juicios por negligencia médica, donde la frontera entre la complicación inherente a la medicina y el error humano suele ser muy delgada. La sociedad tucumana sigue con atención el desenlace de esta historia, que pone en debate no solo la seguridad en las cirugías infantiles, sino también la eficacia de un sistema judicial que demora casi una década en dictar una sentencia definitiva sobre la vida y la muerte en el ámbito hospitalario.