Economía
24/08/2026 03:44
Empresas privadas asumirán el mantenimiento y la explotación de las rutas nacionales bajo un nuevo esquema de peajes
En una medida que marca un cambio significativo en la gestión de la infraestructura vial de Argentina, el Gobierno nacional ha formalizado la adjudicación de ocho corredores de rutas nacionales a consorcios privados. Esta decisión, establecida a través de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, otorga concesiones por un plazo extenso de 20 años, buscando modernizar y mantener la red caminera federal mediante la inversión privada y el sistema de peajes. El objetivo central de esta política es reducir la carga financiera del Estado mientras se asegura que las vías de comunicación más importantes del país reciban la inversión necesaria para su operatividad constante y segura.
La Red Federal de Concesiones – Etapa III contempla que las empresas adjudicatarias asuman la responsabilidad total sobre la administración, el mantenimiento integral, la reparación y la explotación comercial de los tramos asignados. El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el proceso que incluye regiones estratégicas para el transporte de carga y pasajeros en todo el territorio nacional, garantizando que los corredores se mantengan en condiciones óptimas para el desarrollo comercial.
Entre los corredores distribuidos se encuentran los sectores Centro, Centro Norte, Mesopotámico, Noroeste, Litoral, Noreste, Chaco-Santa Fe y Cuyo. Las empresas seleccionadas no solo deberán conservar la cinta asfáltica en perfectas condiciones, sino que están facultadas para realizar obras de infraestructura de gran envergadura, como ampliaciones de carriles y pavimentación de banquinas, además de prestar servicios directos a los usuarios. Los adjudicatarios por tramo son:
La implementación de este sistema responde a una visión de largo plazo que busca integrar a Argentina en los estándares internacionales de infraestructura. La Red Federal de Concesiones no solo se limita al mantenimiento preventivo, sino que exige a las empresas el cumplimiento de estándares de calidad estrictos bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Vialidad. Este compromiso por 20 años permite que las empresas planifiquen inversiones de capital intensivo, como la reconstrucción de puentes y la modernización de los sistemas de seguridad. Con este esquema, el Gobierno espera que la competitividad del sector exportador mejore significativamente al reducir los costos logísticos derivados del mal estado de las rutas, fomentando así un crecimiento económico sostenido en las regiones más alejadas de los principales centros urbanos.