La situación de la infraestructura vial en Argentina ha llegado a un punto crítico tras décadas de desinversión, alcanzando en 2026 su nivel presupuestario más bajo en los últimos treinta años. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) enfrenta un escenario sumamente complejo con un presupuesto de apenas 563.000 millones de pesos, lo que representa una caída estrepitosa del 79% en términos reales en comparación con los registros de 2023. Este ajuste drástico no solo compromete las nuevas obras proyectadas, sino que pone en riesgo el mantenimiento básico y preventivo de las rutas existentes en todo el territorio nacional.

Consecuencias del ajuste en la red vial nacional

El deterioro de las rutas no es un fenómeno reciente, pero se ha acelerado de manera alarmante debido a la falta de fondos frescos para bacheo y repavimentación integral. Un relevamiento detallado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que la inversión actual es la más pobre desde que se tiene registro sistemático en el sistema presupuestario moderno, iniciado en 1995. Según los expertos de la entidad, el presupuesto actual es insuficiente para cubrir incluso las necesidades operativas mínimas de seguridad vial. La magnitud de la crisis se refleja en los siguientes indicadores clave:

• Seis de cada diez kilómetros de la red vial nacional están calificados como malos o regulares por la propia Dirección Nacional de Vialidad.
• Provincias del interior han sufrido recortes en la ejecución de obras estratégicas de hasta un 85% en los últimos dos años.
• La comparación histórica muestra que en 2016 se ejecutaban más de 4,3 billones de pesos a valores actuales, frente a los magros recursos vigentes en el presente ejercicio.

Esta parálisis en la obra pública impacta directamente en la competitividad logística del país, elevando los costos de transporte de granos, carnes y mercaderías industriales, además de aumentar significativamente la siniestralidad vial en corredores estratégicos para el comercio exterior. La falta de mantenimiento preventivo obligará, en el futuro cercano, a realizar inversiones mucho más onerosas para reconstruir totalmente tramos que hoy solo requieren reparaciones menores. El panorama es desalentador para las economías regionales que dependen de una conectividad terrestre eficiente para exportar sus productos. La desvinculación del Estado nacional en el financiamiento vial traslada una presión financiera insostenible a los presupuestos de las provincias, que tampoco cuentan con los recursos propios necesarios para hacerse cargo de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios. El desafío para los próximos años será revertir esta tendencia para evitar un colapso total de la conectividad terrestre nacional.