El conflicto laboral en la planta La China de la empresa Granja Tres Arroyos (GTA), ubicada en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, ha tomado un giro legal de alta agresividad. Tras la notificación oficial de 269 despidos, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) ha decidido endurecer su estrategia ante los tribunales. En un movimiento legal estratégico, el gremio solicitó formalmente que los socios gerentes y accionistas mayoritarios de la firma respondan con su propio patrimonio personal ante la supuesta insolvencia para afrontar las deudas de indemnizaciones y salarios caídos de los trabajadores.

Esta medida, conocida jurídicamente como la extensión de responsabilidad, busca evitar que los directivos se amparen en la figura de la sociedad anónima para eludir sus compromisos económicos con los trabajadores cesanteados en un contexto de crisis. El STIA argumenta que la situación actual de la empresa es el resultado de una gestión empresarial que debe ser analizada minuciosamente por la justicia, especialmente en lo que respecta a la responsabilidad individual de quienes toman las decisiones estratégicas en una de las compañías avícolas más importantes del país. Para el gremio, los bienes personales de los socios deben ser la garantía última del cumplimiento de las leyes laborales vigentes.

Negociaciones y propuestas para la reapertura de la planta

A pesar de la ofensiva judicial, el gremio mantiene una vía de diálogo abierta para intentar salvar la fuente de trabajo y reactivar la economía regional. Durante la reciente audiencia de conciliación obligatoria convocada por el Gobierno de Entre Ríos en la ciudad de Paraná, los representantes sindicales manifestaron su disposición a discutir un esquema operativo de emergencia. La propuesta incluye la posibilidad de funcionar con una dotación menor de personal de manera temporal, siempre y cuando la empresa presente un plan de negocios sólido, transparente y con plazos de reactivación claros que garanticen la continuidad de la producción.

La crisis en Granja Tres Arroyos no solo afecta a los empleados directos, sino que tiene un impacto profundo en toda la cadena productiva y comercial de la región entrerriana. El sindicato subrayó que su prioridad absoluta es que la planta vuelva a producir lo antes posible. "Estamos dispuestos a explorar todas las alternativas que permitan preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo genuinos", señalaron fuentes sindicales tras el encuentro. Los puntos centrales que el gremio puso sobre la mesa de negociación son los siguientes:

• Responsabilidad patrimonial: Garantizar los pagos con bienes de los accionistas si la firma se declara insolvente.
• Esquema de dotación reducida: Apertura a negociar la cantidad de operarios para el reinicio de actividades.
• Transparencia financiera: Exigencia de informes claros que justifiquen la crisis económica de la planta.
• Intervención estatal: Pedido de mediación gubernamental para garantizar el cumplimiento de las leyes.

La provincia de Entre Ríos ha ordenado retrotraer la situación al estado previo a los despidos masivos mientras duren las mesas de negociación técnica entre las partes. Sin embargo, la tensión se mantiene elevada a la espera de una respuesta formal de los directivos de la empresa. Los trabajadores permanecen en estado de asamblea permanente, esperando que las condiciones del mercado mejoren y se garantice el futuro de sus empleos frente a la incertidumbre económica nacional.