El proceso de privatización del Belgrano Cargas ha entrado en su fase operativa tras la firma de la resolución oficial por parte del ministro de Economía, Luis Caputo. Este documento establece las bases y condiciones para la licitación de las vías que integran las tres líneas operadas por la compañía estatal. El plan gubernamental no solo busca desprenderse de la gestión operativa, sino atraer una inversión objetivo que ronda los 1.000 millones de dólares, destinada a la modernización de una infraestructura que ha sufrido años de desinversión sistemática y fallas de gestión.

La cláusula estratégica y el cronograma de la licitación

Un aspecto destacado en la letra chica del pliego es la incorporación de una cláusula que impide la participación de empresas controladas directamente por Estados extranjeros. Esta disposición, identificada popularmente como la cláusula anti-China, sigue la línea de transparencia y seguridad nacional aplicada en otros concursos públicos recientes, como la gestión de la Hidrovía y el proyecto de infraestructura eléctrica AMBA I. El objetivo es asegurar que la propiedad y el control de la red ferroviaria de cargas permanezcan en manos de operadores privados cuyo interés sea estrictamente comercial y técnico, evitando interferencias geopolíticas externas en activos estratégicos nacionales.

El cronograma de la licitación ya ha sido definido con precisión por las autoridades nacionales. Las empresas e interesados tendrán un período de consultas técnicas y administrativas que se extenderá hasta el 28 de octubre de este año. Posteriormente, el plazo para la presentación formal de las ofertas económicas y técnicas vencerá el 11 de noviembre. La apertura de los sobres se realizará ese mismo día, marcando el inicio de la evaluación que definirá a los nuevos concesionarios por los próximos 50 años. Esta primera etapa se concentra exclusivamente en las vías y los inmuebles asociados, dejando para una fase posterior, prevista para inicios del próximo año, la concesión de talleres y otras unidades operativas secundarias.

Alcance geográfico y potencial de desarrollo regional

La red sujeta a privatización comprende 7.594 kilómetros de vías que actualmente se encuentran operativas y que tienen presencia efectiva en 16 provincias del territorio argentino. Esta red es el corazón del transporte de granos, minerales y productos industriales, conectando las zonas más productivas del interior con las terminales marítimas y los pasos fronterizos internacionales. El Gobierno destaca que el alcance del servicio podría incluso ampliarse durante el período de concesión si los nuevos operadores deciden rehabilitar tramos de vía que hoy se encuentran fuera de servicio debido a su mal estado de conservación.

• Concesión por 50 años con beneficios del régimen RIGI.
• Prohibición de participación para empresas estatales extranjeras.
• Inversión proyectada de 1.000 millones de dólares en infraestructura.
• Conexión ferroviaria con Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

La implementación de este esquema pretende no solo aliviar el déficit fiscal del Estado, sino también dotar a los exportadores argentinos de una herramienta logística competitiva. Al integrar de manera eficiente el ferrocarril con el transporte marítimo y vial, el Gobierno apuesta a que el costo del flete interno se reduzca significativamente, favoreciendo la inserción de los productos nacionales en los mercados globales de manera más agresiva y rentable.