El conflicto entre los productores agropecuarios de Colón, en el norte de la provincia de Buenos Aires, y la administración municipal ha entrado en una fase crítica de confrontación. Tras años de quejas por el deficiente mantenimiento de los caminos rurales, la comunidad productiva ha decidido adoptar una postura más rígida, exigiendo una auditoría detallada de las finanzas locales. La disputa, que inicialmente se centraba en la infraestructura, ahora se ha transformado en un reclamo por la transparencia institucional y el uso responsable de los fondos públicos provenientes de las tasas viales.

Exigencia de rendición de cuentas y transparencia financiera

A pesar de que el intendente Waldemar Giordano reconoció el mal estado de varios sectores de la red vial y propuso la creación de una mesa de diálogo, la Sociedad Rural de Colón y los productores independientes han rechazado avanzar sin antes conocer los números reales. La exigencia principal es la apertura de las cuentas municipales correspondientes al periodo 2023-2026, con el objetivo de verificar cuántos recursos ingresaron por tasas rurales y cuánto se destinó efectivamente a la reparación de caminos. Los productores sospechan que existe un desvío de fondos hacia otras áreas de la gestión pública que no están relacionadas con el sector rural.

Los puntos fundamentales del reclamo son:

• Presentación formal del pedido de informes ante el Ejecutivo municipal para detallar la ejecución presupuestaria.
• Reunión con el Concejo Deliberante para buscar apoyo político y legislativo que obligue a la transparencia.
• Asesoramiento legal especializado para evaluar la presentación de una demanda colectiva ante la justicia ordinaria.

Hacia la judicialización por el estado de los caminos rurales

El deterioro de la red vial en el norte bonaerense no es solo un problema de logística, sino que afecta directamente la competitividad de las exportaciones argentinas. Los caminos rurales son las arterias por donde circula la riqueza del país, y su abandono pone en riesgo la seguridad de los trabajadores y el estado de la maquinaria agrícola. La asamblea prevista en la sede de la Sociedad Rural contará con la presencia de abogados expertos para delinear los pasos a seguir. Se espera una concurrencia masiva de más de 100 productores, lo que demuestra el nivel de hartazgo del sector.

Los productores argumentan que la falta de caminos transitables impide el acceso de ambulancias a los campos y dificulta la llegada de docentes a las escuelas rurales, convirtiendo el reclamo en una cuestión social que trasciende lo económico. "No queremos promesas de obras que nunca llegan; queremos saber qué se hizo con el dinero que ya aportamos", señalan desde las agrupaciones vecinales. Si la gestión municipal no accede a transparentar los gastos viales, el conflicto se trasladará definitivamente a los tribunales, estableciendo un precedente importante sobre el control ciudadano sobre el gasto público en las regiones productivas más importantes del país.