La industria de la sanidad animal se encuentra en estado de alerta tras la aparición de una serie de maniobras comerciales poco claras relacionadas con el nuevo sistema de trazabilidad oficial. Según una investigación reciente, una empresa privada de software comenzó a contactar a laboratorios y firmas del sector veterinario alegando haber sido la desarrolladora del Sigtrazavet, el sistema oficial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Lo llamativo del caso es que, mientras se presentaban como creadores de la plataforma estatal, ofrecían en paralelo servicios de consultoría y soluciones tecnológicas pagas para ayudar a las empresas a cumplir con la normativa.

Los desafíos de la trazabilidad en la industria veterinaria

Ante las crecientes consultas y el revuelo generado en el mercado, el organismo sanitario nacional salió a desmentir categóricamente cualquier vinculación con la empresa de software en cuestión. Fuentes oficiales del Senasa aclararon que no existe una relación comercial ni de representación con los individuos que están contactando a los operadores privados. Esta aclaración busca llevar tranquilidad a los laboratorios y distribuidores que se sintieron presionados por ofertas que sugerían un acceso privilegiado o conocimientos exclusivos sobre el funcionamiento del sistema oficial. Entre las funciones principales del nuevo sistema se encuentran:

• Identificación de todos los operadores comerciales mediante su CUIT.
• Georreferenciación de depósitos y registro de la circulación de medicamentos.
• Implementación obligatoria de la Receta Veterinaria Electrónica (RVE).

El Sistema Integrado de Gestión de Trazabilidad de Productos Veterinarios (Sigtrazavet), oficializado mediante la resolución 654/2026, es una herramienta fundamental para el control sanitario en Argentina. Su objetivo es ambicioso: registrar minuciosamente la circulación de principios activos y vincular toda esta información con la práctica profesional. Este salto tecnológico pretende erradicar el mercado informal de medicamentos y garantizar la seguridad alimentaria a través del control de los productos aplicados a animales de consumo humano, mejorando los estándares de exportación.

A pesar de los beneficios teóricos del sistema, su implementación no ha estado exenta de críticas por parte de los laboratorios y profesionales del sector. Desde que la norma entró en vigencia el pasado 21 de julio, diversos sectores han manifestado preocupaciones sobre la carga administrativa que supone y la aplicabilidad técnica en zonas rurales. En este escenario de incertidumbre, la aparición de supuestos desarrolladores privados que prometen simplificar el proceso ha generado sospechas de aprovechamiento de información confidencial. Las autoridades instan a las empresas a canalizar todas sus dudas exclusivamente por los canales institucionales para evitar fraudes.