La situación impositiva en el municipio de Colón ha generado una profunda preocupación entre los productores agropecuarios de la región. El foco del conflicto no reside exclusivamente en el monto que deben abonar mensualmente, sino en la naturaleza jurídica y económica de la denominada tasa vial rural. Según diversos sectores productivos, este gravamen ha dejado de ser una contraprestación por un servicio de mantenimiento de caminos para transformarse en un impuesto encubierto que afecta directamente la rentabilidad del sector primario. Los productores argumentan que los caminos rurales son la arteria vital por la cual fluye la riqueza del país y que su mal estado atenta contra la eficiencia logística de toda la cadena de valor alimentaria.

El núcleo del problema se encuentra en la ordenanza municipal que establece el método de cálculo de la tasa. Actualmente, el valor por hectárea se determina mediante un coeficiente que combina el precio de medio litro de gasoil y medio kilogramo de novillo. Esta fórmula vincula de manera directa la carga tributaria con el valor de mercado de la carne, una variable que no guarda relación alguna con los costos operativos de mantener la infraestructura vial rural.

La desconexión entre costos y recaudación municipal

Los productores sostienen que la lógica de la tasa vial debería estar anclada exclusivamente en los insumos necesarios para la reparación de los caminos. Entre los factores reales de costo que deberían considerarse se encuentran los siguientes:

• Combustible para maquinaria pesada: El gasoil es esencial para el movimiento de las motoniveladoras y equipos de arrastre.
• Repuestos y mantenimiento técnico: El desgaste de las máquinas en terrenos difíciles requiere una inversión constante en piezas mecánicas de origen importado.
• Mano de obra especializada: El pago de salarios y cargas sociales del personal encargado de las tareas de campo.
• Materiales de infraestructura: La compra de alcantarillas, piedras, tosca y otros elementos fundamentales para el afirmado de suelos.

Al incluir el precio del novillo en la ecuación, el municipio logra capturar una porción de la renta agropecuaria cada vez que el precio de la hacienda aumenta. Sin embargo, este incremento en la recaudación no suele traducirse en una mejora proporcional de los caminos rurales. Esta situación ha llevado a que las entidades gremiales del campo califiquen a la municipalidad como un socio por decreto, ya que participa de las ganancias del productor sin asumir los riesgos climáticos o económicos propios de la actividad. La controversia en Colón es solo una muestra de un fenómeno más amplio que afecta a diversas localidades del interior del país, donde la presión fiscal sobre la propiedad privada se ha vuelto un tema central en la agenda de las entidades rurales, que también lamentaron el retiro de capítulos sobre el manejo del fuego. Los productores exigen transparencia y una administración eficiente para que lo recaudado vuelva efectivamente al campo en forma de servicios de calidad. En conclusión, la discusión sobre la tasa vial en Colón plantea un interrogante sobre el límite del poder recaudatorio estatal y la necesidad de proteger la producción nacional ante cargas tributarias que resultan arbitrarias para el servicio que efectivamente se presta.