El Gobierno nacional formalizó este jueves la suspensión del decreto que había desregulado el servicio de practicaje y pilotaje en todo el territorio argentino. Esta decisión surge tras un intenso conflicto con los profesionales del sector que, durante la última semana, derivó en una parálisis significativa de la actividad portuaria y afectó el flujo del comercio exterior. La medida quedó plasmada a través del decreto 716/2026, publicado en el Boletín Oficial, contando con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger.

La suspensión de la normativa anterior, específicamente el decreto 690 dictado a finales de julio, responde a un acuerdo estratégico alcanzado entre las autoridades y los representantes de los prácticos. Este pacto no solo contempla la vuelta a la normativa previa, sino que también establece una reducción del 20% en las tarifas del servicio y garantiza la reanudación inmediata de las tareas de asistencia a la navegación. Durante los días de protesta, la acumulación de embarcaciones en las zonas de espera generó una preocupación creciente entre las empresas exportadoras e importadoras debido a los sobrecostos logísticos.

Impacto en el sistema de navegación y comercio exterior

La intención original del Gobierno con la desregulación era eliminar restricciones históricas para el ingreso de nuevos prestadores al mercado, buscando fomentar la competencia y reducir los costos operativos en los puertos. Sin embargo, la implementación de estas medidas provocó una reacción defensiva inmediata por parte de prácticos, pilotos y baqueanos, quienes argumentaron que los cambios afectaban la seguridad operativa y la estabilidad del sector. La situación escaló rápidamente, llevando al propio Estado a reconocer en los fundamentos del nuevo decreto que se atravesaba una situación excepcional que ponía en crisis el normal funcionamiento del sistema.

Al restituir las disposiciones anteriores, el Poder Ejecutivo busca garantizar la paz social y la fluidez del tránsito en las principales vías navegables. Entre los puntos clave de la nueva resolución se destacan:

• La suspensión inmediata de los efectos del decreto 690 hasta nuevo aviso.
• La plena vigencia de las normas regulatorias que regían antes de la reforma de julio.
• El compromiso de los sectores profesionales de mantener el servicio sin interrupciones.
• La implementación del nuevo esquema tarifario con una baja del 20% para mejorar la competitividad.

Esta marcha atrás parcial representa un desafío para la agenda de desregulación económica que impulsa la administración actual, evidenciando las complejidades de reformar sectores con sindicatos y corporaciones profesionales con alto poder de presión. El Gobierno ha señalado que continuará trabajando en mesas de diálogo para encontrar un equilibrio entre la reducción de costos logísticos y la seguridad en la navegación, evitando nuevas medidas de fuerza que pongan en riesgo el ingreso de divisas a través de las exportaciones agroindustriales.