La reciente decisión del Gobierno nacional de retirar el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada ha generado un fuerte malestar en el sector de las inmobiliarias rurales. Los principales referentes del rubro califican esta situación como una oportunidad perdida para modernizar un marco normativo que consideran obsoleto y restrictivo para el desarrollo económico del país. Según expresan desde las cámaras del sector, la normativa vigente actúa como un freno innecesario a la llegada de capitales que podrían dinamizar la producción agropecuaria en diversas regiones productivas del territorio nacional.

El impacto de la normativa en la inversión extranjera

La Ley 26.737, sancionada originalmente en el año 2011, establece límites estrictos a la titularidad y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras. Actualmente, el tope se sitúa en el 15% del territorio a nivel nacional, provincial y municipal. Las inmobiliarias rurales sostienen que estas limitaciones no protegen de forma real la soberanía nacional, sino que desalientan la inversión en infraestructura y tecnología que suelen traer los grandes fondos internacionales. El debate parlamentario había generado expectativas de cambio muy altas, pero la falta de consenso político obligó al oficialismo a retroceder para asegurar la aprobación de otros puntos críticos de la legislación que se consideraban prioritarios en la agenda económica.

Durante las negociaciones en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei intentó buscar un punto medio para destrabar la discusión. Aunque la intención inicial era la derogación total de las restricciones vigentes, se propuso elevar el límite de tenencia extranjera del 15% al 25% como una señal de apertura. Sin embargo, esta propuesta tampoco logró reunir los apoyos necesarios entre los bloques opositores. Los puntos clave de la crítica del sector inmobiliario incluyen:

• La pérdida sistemática de competitividad frente a otros países de la región con leyes de tierras más flexibles.
• La caída en la valoración de los campos debido a la reducción artificial del universo de compradores potenciales.
• El estancamiento de proyectos de inversión a gran escala que requieren seguridad jurídica de largo plazo.
• La asociación errónea entre la propiedad privada de la tierra y la defensa de la soberanía nacional.

Desde las principales firmas del sector advierten que, mientras no se revise esta ley, el mercado seguirá operando muy por debajo de su potencial real. Argumentan que muchos inversores globales que miran con interés los activos argentinos terminan decantándose por países vecinos como Uruguay o Brasil, donde las condiciones de acceso a la tierra son mucho menos burocráticas y restrictivas. El sentimiento generalizado en el mercado es de profunda decepción, ya que se consideraba que el contexto político actual representaba el momento ideal para reformar una normativa que consideran de corte puramente ideológico y contraria a los principios del libre mercado.