La actividad en las aguas de Ensenada, en la provincia de Buenos Aires, ha recuperado su ritmo habitual tras cuarenta y ocho horas de parálisis absoluta que mantuvieron en vilo a los principales actores del sector agroexportador. El radar de navegación, que durante los últimos días mostraba una preocupante concentración de puntos estáticos en las zonas de espera, ahora refleja una línea fluida y constante de buques que reemprenden sus rutas a través del canal del Río de la Plata. Esta reactivación del comercio exterior trae un respiro necesario tanto al sector empresarial como a las autoridades nacionales, quienes observaron con cautela el impacto del cese de actividades en la balanza comercial y el ingreso de divisas.

El rol de los prácticos y el impacto logístico del conflicto

El conflicto se originó tras la implementación del decreto 690/2026, una normativa firmada por el presidente Javier Milei junto a Federico Sturzenegger y otros altos funcionarios. La medida generó un rechazo inmediato entre los prácticos, quienes son los profesionales independientes encargados de subir a los buques para guiarlos de forma segura en los tramos más complejos de acceso a los puertos. Alrededor de 520 expertos en todo el país decidieron interrumpir sus tareas alegando razones de seguridad, lo que provocó un cuello de botella logístico sin precedentes en las terminales portuarias. Sin su intervención técnica, el ingreso y egreso de grandes cargueros queda totalmente bloqueado, afectando directamente la distribución de mercaderías.

Los puntos centrales que desencadenaron la protesta fueron los siguientes:

• La obligatoriedad de realizar maniobras bajo nuevas normativas que, según el sector, comprometían la seguridad operativa.
• El descontento por la falta de consultas previas a la publicación del decreto presidencial.
• La incertidumbre sobre la cobertura legal de los profesionales ante posibles incidentes en los canales de navegación.
• El riesgo de colapso en la cadena de suministros nacional e internacional.

Hacia una mesa de diálogo y la reducción de costos operativos

Para destrabar la situación y evitar un daño mayor a la economía, desde la Presidencia de la Nación se ha procedido a redactar un nuevo decreto que suspende formalmente la vigencia de la norma anterior. Esta decisión busca enfriar la tensión y dar paso a una mesa de concertación donde se discutan las condiciones del servicio. Asimismo, se espera que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) emita una resolución para comunicar una baja del 20% en las tarifas del practicaje. Esta medida es vista como una estrategia para mejorar la competitividad de los puertos argentinos, aunque resta definir cómo se compensará el impacto económico en los profesionales que prestan el servicio. El gran desafío será encontrar un equilibrio que garantice la eficiencia de costos sin poner en riesgo la seguridad técnica en las vías navegables más importantes del país.