El comercio exterior de la Argentina enfrenta una crisis logística de proporciones alarmantes debido a una medida de fuerza gremial que mantiene paralizada la actividad en los principales accesos portuarios del país. Los prácticos, especialistas fundamentales cuya labor consiste en asesorar a los capitanes para garantizar la seguridad en las maniobras de entrada y salida, han cesado sus actividades. Esta decisión surge como respuesta directa a la publicación del decreto 690/2026 en el Boletín Oficial, una normativa que altera profundamente las reglas del juego en el sector marítimo y fluvial.

La desregulación y sus efectos en el sistema portuario

El núcleo del conflicto reside en la intención del Gobierno nacional de abrir el sector de practicaje y pilotaje a la competencia de mercado. Bajo la visión impulsada por Federico Sturzenegger, se busca que las tarifas dejen de ser reguladas por el Estado y pasen a ser determinadas por la oferta y la demanda. Los profesionales del área, sin embargo, advierten que esta medida prioriza el ahorro económico por sobre la seguridad técnica. Argumentan que el conocimiento local de las corrientes y bancos de arena es un activo crítico que no puede quedar sujeto a una guerra de precios que degrade la calidad del servicio.

Actualmente, el impacto se cuantifica en al menos 140 buques mercantes que se encuentran fondeados, sin posibilidad de descargar insumos vitales para la industria o cargar productos destinados a la exportación. Esta parálisis no solo genera pérdidas millonarias para las empresas navieras, sino que también afecta el ingreso de divisas genuinas para el Estado argentino. Los puntos de mayor tensión incluyen:

• Demoras críticas en las terminales de carga de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
• Sobrecostos por el mantenimiento de tripulaciones y barcos en espera.
• Riesgo de colapso en la cadena de suministros de materias primas.
• Incertidumbre jurídica respecto a la responsabilidad civil en caso de accidentes.

Acciones de contingencia y el rol de la Prefectura

Ante la escalada del paro, el Poder Ejecutivo ha comenzado a implementar una estrategia de emergencia prevista en el artículo 6 del polémico decreto. La normativa otorga facultades extraordinarias a la Prefectura Naval Argentina (PNA) para intervenir en la prestación de los servicios cuando se presenten situaciones que impidan el funcionamiento normal del sistema. Esto implica que personal militar y técnico de la autoridad marítima podría hacerse cargo de las maniobras de asesoramiento, algo que los gremios consideran una intromisión peligrosa y carente de la experiencia específica necesaria para buques de gran calado.

Asimismo, se contempla la posibilidad de requerir el apoyo de la Armada Argentina para realizar estas maniobras. En última instancia, el Gobierno está habilitado para autorizar a capitanes de ultramar con certificado de conocimiento de zona a operar temporalmente sin el auxilio de un práctico tradicional. El escenario proyecta un endurecimiento de las negociaciones, ya que los trabajadores del sector consideran que se está vulnerando una tradición de seguridad náutica que ha mantenido bajos los índices de siniestralidad en los complejos ríos argentinos durante décadas.