Un choque aparentemente convencional protagonizado por un conductor alcoholizado se transformó en el punto de partida de una investigación penal compleja. El accidente ocurrió en una concurrida avenida de la ciudad y reveló graves irregularidades administrativas relacionadas con el retiro de vehículos de una playa de secuestros oficial. Lo que en principio era una infracción a la ley de tránsito, terminó exponiendo una posible red de maniobras fraudulentas dentro de los depósitos estatales de automóviles.

El siniestro vial que destapó la maniobra irregular

El suceso tuvo lugar cuando un automóvil particular perdió el control e impactó violentamente contra una estructura pública. Al arribar el personal de seguridad vial, constataron que el conductor presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica, lo cual fue confirmado posteriormente por un test que arrojó niveles muy superiores a los permitidos. No obstante, la sorpresa mayor llegó cuando los oficiales ingresaron el dominio del vehículo en el sistema informático de la policía provincial.

Según los registros oficiales, el automóvil se encontraba en estado de "secuestro" y debía estar resguardado en una playa de depósitos judicial. El conductor, lejos de ser el titular, no pudo explicar satisfactoriamente cómo poseía la unidad. Las autoridades detectaron de inmediato que el vehículo había salido del predio oficial sin que se cumplieran los requisitos legales básicos, lo que disparó una auditoría interna en el sistema de egresos de la playa de secuestros implicada.

• Nivel de alcohol en sangre fuera de los parámetros permitidos.
• Falta de coincidencia entre el conductor y el titular registral.
• Inconsistencias graves en los libros de guardia del depósito estatal.
• Presentación de documentación con firmas presuntamente apócrifas.

Denuncia penal por el retiro fraudulento del automóvil

Tras la difusión del accidente, el hijo de la propietaria del vehículo se presentó ante las autoridades judiciales para denunciar que su madre nunca autorizó la entrega del rodado a ninguna persona. Según el denunciante, el automóvil había sido retenido semanas atrás por una falta administrativa y la familia estaba realizando los trámites para su restitución legal. El descubrimiento de que el auto circulaba libremente por la calle generó indignación y sospechas de corrupción.

La fiscalía de delitos no especializados ha tomado las riendas del caso para identificar a los responsables de la entrega del vehículo. Se investiga si se utilizó un "poder" falso presentado por un gestor o si existió una connivencia directa entre el personal de la playa de secuestros y el individuo que terminó accidentado. Se han solicitado las grabaciones de las cámaras de seguridad del predio oficial para identificar a las personas que retiraron la unidad y los documentos originales que se utilizaron en esa gestión administrativa.

Este escándalo ha motivado un pedido de informes por parte de la oposición legislativa para conocer el estado de los protocolos de seguridad en los depósitos de vehículos de toda la provincia. Se busca garantizar que no existan más unidades circulando en la vía pública de forma ilegal mientras figuran oficialmente bajo custodia del Estado mendocino, una situación que pone en riesgo la seguridad vial y el patrimonio de los ciudadanos.