El sueño de la casa propia se ha transformado en una verdadera pesadilla para decenas de ciudadanos en la provincia de Mendoza. En una denuncia masiva que ya involucra a más de 80 familias, se ha puesto bajo la lupa el accionar de una empresa constructora local que opera bajo diversos nombres comerciales. Los damnificados sostienen que la firma ha incumplido sistemáticamente con los plazos de entrega pactados y que, en muchos casos, las obras ni siquiera han comenzado a pesar de haber recibido pagos millonarios en concepto de adelantos y cuotas mensuales actualizadas.

El malestar de los vecinos creció exponencialmente en los últimos meses, llevándolos a organizarse para realizar una presentación judicial conjunta que busca sentar un precedente en la región. Según los relatos recopilados en las puertas de la fiscalía, muchas de estas familias destinaron sus ahorros de toda la vida, vendieron sus únicos vehículos o solicitaron préstamos bancarios de difícil devolución para poder acceder a los planes de financiación ofrecidos por la constructora. La falta de respuestas por parte de los directivos de la empresa ha generado un clima de desesperación y profunda angustia generalizada entre los afectados que no ven avances en sus terrenos.

El modus operandi de la presunta estafa inmobiliaria en Mendoza

Los afectados explican que la empresa atraía a los potenciales clientes mediante agresivas campañas de marketing en redes sociales y ferias inmobiliarias, prometiendo viviendas de construcción rápida y precios altamente competitivos en comparación con el mercado tradicional. Sin embargo, una vez firmado el contrato de adhesión y abonada la matrícula inicial, comenzaban los retrasos injustificados. Las explicaciones de la constructora variaban desde la falta de materiales específicos hasta supuestos problemas administrativos con las habilitaciones municipales, ninguna de las cuales pudo ser verificada fehacientemente por los compradores.

Entre los puntos principales que denuncian las familias en el expediente judicial se encuentran los siguientes ítems:

• Cobro de cuotas extraordinarias no estipuladas claramente en el contrato original de compraventa firmado.
• Promesas de entrega de llaves que se posponían cada tres meses sin brindar informes técnicos de avance de obra.
• Cierre repentino de las oficinas de atención al público sin mediar comunicación formal previa a los abonados.
• Ausencia total de personal especializado y maquinarias en los predios donde debían levantarse los futuros barrios.

Ante esta compleja situación, los denunciantes han solicitado que la Justicia de Mendoza intervenga de manera inmediata para dictar medidas cautelares y evitar que los responsables de la empresa se insolventen o desvíen fondos. Además del reclamo penal por el delito de estafa, se están iniciando múltiples acciones civiles para intentar recuperar el capital invertido y los intereses correspondientes. Las autoridades de Defensa al Consumidor han tomado nota del caso y recomiendan a la población extremar los cuidados, solicitando informes de solvencia y asesoramiento legal antes de firmar compromisos con empresas que prometen soluciones habitacionales milagrosas fuera de los canales financieros regulados.