El trágico asesinato de Florencia Romano, la adolescente de 14 años que desapareció en diciembre de 2020 en el departamento de Maipú, ha dejado una marca indeleble en la sociedad mendocina y en la estructura de seguridad de la provincia. Recientemente, el caso volvió a cobrar relevancia nacional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió incorporarlo como un antecedente clave en materia de responsabilidad estatal y protocolos de emergencia ante situaciones críticas. La decisión judicial pone el foco en las graves omisiones cometidas durante la tarde del crimen, cuando un vecino llamó al 911 para denunciar que escuchaba pedidos de auxilio y el personal a cargo decidió ignorar la alerta, cortando la comunicación de manera abrupta sin activar el protocolo correspondiente.

Reformas profundas en el sistema de emergencias

A raíz de este femicidio, el Ministerio de Seguridad de Mendoza inició un proceso de reestructuración profunda en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Uno de los cambios más significativos fue la implementación de auditorías en tiempo real sobre las llamadas recibidas. Antes del caso de Florencia Romano, los controles sobre los operadores eran aleatorios y diferidos. Actualmente, existen supervisores directos que monitorean el flujo de denuncias para asegurar que ninguna alerta de violencia de género o pedidos de socorro inminente sean desestimados sin una verificación policial efectiva en el lugar de los hechos.

Además, se establecieron los siguientes puntos clave para mejorar la respuesta estatal:

• Capacitación obligatoria bajo la Ley Micaela para todos los operarios del 911, con énfasis en la detección de situaciones de riesgo de vida.
• Actualización de los protocolos de despacho, que ahora exigen la movilización obligatoria de una patrulla ante cualquier sospecha de violencia física.
• Mejora en la geolocalización de las llamadas entrantes para reducir los tiempos de respuesta ante denuncias anónimas o de vecinos.
• Sanciones más severas y apartamiento inmediato para el personal que incumpla con los procedimientos de recepción de emergencias establecidos.

La incorporación del caso por parte de la máxima instancia judicial del país no solo busca justicia para la familia de Florencia, sino que también sirve como una advertencia para todas las jurisdicciones argentinas sobre el deber de cuidado. El fallo subraya que el Estado es responsable no solo por la acción directa de sus agentes, sino también por la omisión en el cumplimiento de sus deberes de protección básica. Este precedente obliga a los gobiernos a invertir en tecnología y capital humano capacitado para que el número de emergencias sea realmente una herramienta de salvación y no un eslabón roto en la cadena de prevención del delito en Mendoza.