El sector agropecuario de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de profunda incertidumbre y malestar ante la falta de avances legislativos que brinden soluciones concretas a problemas estructurales de larga data. Analía Corvino, presidenta de la Comisión de Asuntos Agrarios de la Cámara de Diputados, y Gonzalo Cabezas, vicepresidente de la misma comisión en el Senado, ambos pertenecientes a La Libertad Avanza, admitieron públicamente que la actividad parlamentaria destinada al campo ha sido llamativamente escasa en lo que va del año. Esta situación genera una señal de alerta entre los productores, quienes vienen demandando de manera insistente mejoras urgentes en la infraestructura vial, mayor seguridad en las zonas rurales y una revisión profunda de la asfixiante carga tributaria que recae sobre la producción primaria.

Los motivos detrás de la parálisis parlamentaria en la provincia

Según explicaron los legisladores oficialistas, el retraso significativo en la conformación de las comisiones de trabajo fue el principal obstáculo que condicionó el ritmo legislativo durante el primer semestre. Esta demora burocrática impidió que se traten temas de vital importancia para el desarrollo económico bonaerense. Durante este periodo, la mayoría de las iniciativas presentadas estuvieron vinculadas a cuestiones meramente protocolares, como declaraciones de interés o beneplácitos, las cuales no generan cambios reales ni beneficios tangibles en la rentabilidad o en las condiciones cotidianas de trabajo del productor agropecuario. Corvino fue tajante al señalar que actualmente no existen proyectos de peso que busquen beneficiar genuinamente al sector.

Para la segunda mitad del año, los representantes legislativos se han comprometido a impulsar una agenda que ataque los problemas reales. Los ejes principales que buscarán abordar son:

• Una regulación moderna para el uso de fitosanitarios que garantice seguridad jurídica y cuidado ambiental.
• La revisión crítica de los Ingresos Brutos, un tributo que impacta fuertemente en cada eslabón de la cadena productiva.
• El fortalecimiento de la seguridad rural para combatir el robo de ganado y la vandalización de silobolsas.
• La asignación eficiente de fondos para el mantenimiento de caminos rurales, esenciales para el transporte de las cosechas hacia los puertos.

A pesar del panorama actual, existe el compromiso de analizar detalladamente las propuestas para evitar que se aprueben normativas que profundicen el ahogo regulatorio. La legisladora Corvino advirtió que muchos de los proyectos que circulan en las cámaras suelen proponer mayores restricciones, lo que podría perjudicar aún más la competitividad de los establecimientos rurales. Por ello, el desafío para el segundo semestre será equilibrar la necesidad de regulación con el fomento a la producción, asegurando que el motor económico de la provincia de Buenos Aires reciba el respaldo institucional necesario para seguir creciendo.