En un esfuerzo por modernizar el marco regulatorio de la producción agrícola en Argentina, el Gobierno nacional convocó a una mesa de diálogo clave entre los principales actores del sector agropecuario y la industria semillera. El encuentro, liderado por la Secretaría de Agricultura, tuvo como objetivo principal acercar posiciones respecto a la ley de semillas y el complejo debate sobre el derecho de uso propio, un tema que genera tensiones históricas entre los productores y las empresas desarrolladoras de tecnología genética.

Diferencias en la protección intelectual y el convenio UPOV-91

Durante la reunión, en la que participaron representantes de la Mesa de Enlace, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Aapresid y Casem, se registraron avances significativos en ciertos puntos. Existió un consenso general sobre la necesidad de discutir excepciones al pago de regalías, buscando un equilibrio que no desincentive la inversión en investigación pero que tampoco asfixie la rentabilidad del productor. Sin embargo, el punto de mayor fricción sigue siendo la posible adhesión de Argentina a la Unión de la Protección de Obtenciones Vegetales bajo el acta de 1991 (UPOV-91). Actualmente, el país se rige por el acta de 1978, la cual es considerada más flexible y permisiva respecto al derecho de los agricultores de guardar parte de su cosecha para sembrar en la campaña siguiente sin necesidad de pagar nuevas regalías.

El rol del Estado y el compromiso internacional

El secretario Sergio Iraeta, acompañado por Martín Famulari del Inase y Eugenio Marí del Ministerio de Desregulación, reafirmó la intención oficial de avanzar hacia el convenio UPOV-91. Esta postura no solo responde a una visión de modernización productiva, sino también a compromisos internacionales asumidos con socios estratégicos como Estados Unidos. El objetivo del Ejecutivo es llegar al Congreso con un proyecto que cuente con el mayor consenso posible entre las entidades gremiales del campo y las empresas de biotecnología. Paralelamente, se destacó la relevancia de la inversión privada en el sector, mencionando el reciente préstamo de 50 millones de dólares otorgado por el brazo inversor del Banco Mundial a la empresa GDM. Estos fondos están destinados al desarrollo de híbridos de maíz más resistentes a eventos climáticos extremos como la sequía, lo que subraya la importancia de contar con un marco legal sólido que proteja la propiedad intelectual y fomente la innovación tecnológica en el campo argentino. Las partes acordaron continuar con las mesas técnicas para pulir los detalles de la futura normativa.