La justicia previsional emitió una resolución de alto impacto político y económico al intimar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para que proceda con el pago de una prestación mensual de privilegio a favor de la expresidenta Cristina Kirchner. Según la disposición judicial, el organismo cuenta con un plazo máximo de diez días hábiles para dar cumplimiento a una medida cautelar dictada meses atrás. Este monto, que se estima alcanzaría los 15 millones de pesos mensuales, corresponde a la pensión por ser viuda del también expresidente Néstor Kirchner.

Detalles de la medida cautelar y el marco legal

La orden judicial busca dar cumplimiento efectivo a una cautelar establecida en febrero por los magistrados Sebastián Russo y Juan Fantini. Estos jueces integran la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social y su intervención se produjo luego de que la defensa de la exmandataria apelara un fallo previo. En una instancia anterior, la jueza Karina Alonso Candis se había manifestado en contra de otorgar este beneficio provisorio, pero la Cámara finalmente revirtió esa decisión inicial.

El contexto legal de esta intimación es complejo debido a la situación judicial de Cristina Kirchner. La expresidenta enfrenta una condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, motivo por el cual se encuentra cumpliendo una pena de prisión. No obstante, la justicia previsional ha interpretado que el derecho a percibir la pensión derivada del fallecimiento de su esposo debe mantenerse vigente mientras se resuelven las cuestiones de fondo. Entre los puntos clave de este conflicto se encuentran:

• Plazo perentorio: La Anses tiene hasta el próximo 8 de julio para realizar la liquidación correspondiente.
• Monto estimado: La cifra de 15 millones de pesos responde a la acumulación de haberes de privilegio.
• Recurso de queja: El actual Gobierno ha presentado un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para revertir el fallo.

La postura del Gobierno nacional ante el fallo

Desde el Poder Ejecutivo han confirmado que, pese a las diferencias ideológicas y la postura crítica respecto a las jubilaciones de privilegio en casos de corrupción, se acatará la orden impartida por los jueces Russo y Fantini. Fuentes gubernamentales indicaron que el cumplimiento de la ley es prioridad, aunque agotarán todas las instancias judiciales posibles para revertir lo que consideran una medida injusta dada la condena penal que pesa sobre la beneficiaria.

El caso ha reavivado el debate sobre la vigencia de las asignaciones mensuales vitalicias para exfuncionarios públicos en Argentina, especialmente cuando existen procesos judiciales por malversación de fondos públicos. Mientras tanto, el reloj corre para la Anses, que deberá arbitrar los medios necesarios para transferir los fondos antes de que expire el plazo legal dictaminado por la justicia previsional.