El Gobierno nacional oficializó este miércoles un conjunto de medidas que impactarán de manera directa en el costo de vida de los argentinos a partir de julio de 2026. A través de decretos publicados en el Boletín Oficial, se estableció un incremento en los impuestos que gravan a los combustibles y se aprobaron nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras de energía eléctrica Edenor y Edesur.

En el ámbito de los hidrocarburos, el Poder Ejecutivo determinó la actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (CO2). Estas subas responden a un esquema de ajuste trimestral que busca recuperar el valor real de estos tributos, los cuales estuvieron congelados durante periodos prolongados en el pasado. Según el Decreto 562/2026, los valores se ajustan en función de la inflación minorista medida por el INDEC.

Detalles del incremento en los surtidores

El impacto técnico de la medida se traduce en los siguientes valores por litro para el consumidor final:

• Para las naftas, el incremento del impuesto a los combustibles líquidos será de $21,192 por cada litro comercializado.
• El impuesto al dióxido de carbono para las naftas subirá $1,298 por litro.
• En el caso del gasoil, el gravamen general se incrementará en $18,959 por litro.
• Para zonas con regímenes especiales, como la Patagonia, la alícuota diferencial del gasoil subirá $10,266 por litro.

Este aumento impositivo suele trasladarse de forma casi inmediata a los precios finales que las petroleras ofrecen en las estaciones de servicio, sumándose a otros factores de costo como la devaluación mensual del tipo de cambio oficial y la variación del precio internacional del crudo. Se espera que esta medida genere una presión adicional sobre el índice de inflación del mes de julio.

En paralelo, la Secretaría de Energía avanzó con la actualización de las tarifas de electricidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Los nuevos cuadros tarifarios para Edenor y Edesur buscan sostener la sostenibilidad del sistema eléctrico y reducir la carga de subsidios estatales. Los usuarios verán reflejados estos cambios en las facturas que reciban a partir de la implementación de la normativa, la cual contempla variaciones según el segmento de ingresos de cada hogar y el nivel de consumo registrado.

Expertos del sector energético señalan que estas actualizaciones son fundamentales para garantizar la inversión en infraestructura y mejorar la calidad del servicio técnico. No obstante, advierten que el impacto en el bolsillo de los consumidores será significativo, especialmente en los hogares de ingresos medios y bajos que han visto reducida su capacidad de ahorro frente al aumento constante de los servicios regulados. El Gobierno sostiene que este camino es necesario para normalizar la economía y eliminar las distorsiones de precios relativos que afectaron al país durante la última década.