La infraestructura logística argentina se encuentra en el umbral de una transformación histórica con la inminente privatización del Belgrano Cargas. El Gobierno Nacional está terminando de definir los pliegos de una licitación que ha despertado el interés de los actores más potentes del comercio de granos a nivel global. Un consorcio de gran peso, integrado por Bunge, Cargill, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Aceitera General Deheza (AGD) y Louis Dreyfus Company (LDC), ya se prepara para competir por la administración de esta red ferroviaria vital para las exportaciones del norte del país.

Nuevos jugadores y el modelo de gestión ferroviaria moderna

El proceso no estará exento de competencia internacional y local, lo que asegura una puja interesante por los activos. Además del potente consorcio agroindustrial mencionado, la empresa mexicana Ferromex y el Grupo Roggio han manifestado su intención de participar en la disputa por una concesión que se extenderá por un período de 50 años. Esta licitación es vista como una pieza clave en el plan de desregulación y eficiencia que impulsa el Poder Ejecutivo, buscando reducir drásticamente los altos costos logísticos que históricamente han afectado la rentabilidad del campo argentino y su llegada a los mercados mundiales.

Según pudo saberse desde el Ministerio de Economía, los pliegos técnicos se encuentran actualmente en la etapa final de revisión por parte de los equipos de Legal y Técnica. Una vez que el ministro Luis Caputo estampe su firma definitiva y el documento se publique formalmente en el Boletín Oficial, se abrirá un período de aproximadamente 90 días para que los interesados presenten sus ofertas técnicas y económicas. El objetivo oficial es lograr la adjudicación del servicio antes de que finalice el año actual, marcando un quiebre definitivo con el modelo de administración estatal deficitaria vigente hasta la fecha.

La estructura del negocio propuesto para el Belgrano Cargas introduce cambios fundamentales respecto a las privatizaciones de la década de 1990 para garantizar la inversión sostenida:

• División estratégica del negocio en tres procesos independientes: administración de las vías, mantenimiento de los talleres y operación del material rodante.
• Implementación plena del sistema de open access o acceso abierto en toda la red.
• Obligación de permitir que distintos operadores utilicen la infraestructura mediante el pago de un canon prefijado.
• Modernización de la flota de locomotoras y vagones que actualmente presenta un alto grado de obsolescencia técnica.

Este sistema de acceso abierto permitirá que múltiples operadores utilicen la misma red ferroviaria, fomentando la competencia y evitando monopolios regionales sobre los ramales más productivos. La apuesta del gobierno es que la inversión privada modernice integralmente las vías y el equipamiento, permitiendo que el transporte de cargas por tren recupere el protagonismo perdido frente al transporte en camiones, optimizando así los tiempos de traslado desde las zonas productoras del NOA y el NEA hacia los puertos exportadores del Gran Rosario y otras terminales marítimas estratégicas del país.