El aniversario del brutal asesinato de tres trabajadores de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la conflictiva región de Tigray, en Etiopía, vuelve a poner sobre la mesa una realidad internacional dolorosa: la creciente desprotección de los profesionales sanitarios en contextos bélicos. María Hernández Matas, Tedros Gebremariam Gebremichael y Yohannes Halefom Reda fueron ejecutados el 24 de junio de 2021, un acto que las investigaciones internas y externas han calificado como un ataque deliberado y selectivo contra el personal humanitario que simplemente cumplía con su deber de salvar vidas en el frente.

Impunidad y falta de garantías legales en zonas de conflicto

A pesar de que el derecho internacional humanitario, a través de los Convenios de Ginebra, prohíbe de manera taxativa los ataques contra hospitales, ambulancias y personal médico, la realidad en el terreno durante los conflictos actuales es radicalmente distinta. El caso de Etiopía es tristemente emblemático, ya que la investigación oficial de MSF confirmó la presencia de fuerzas militares nacionales en el lugar exacto de los hechos y en el momento de la ejecución. Sin embargo, tres años después, la justicia sigue siendo una asignatura pendiente y los responsables no han rendido cuentas ante ningún tribunal internacional.

La vulnerabilidad extrema de los médicos en las guerras contemporáneas se manifiesta actualmente en diversos frentes que deben ser denunciados con firmeza:

• Ataques dirigidos y sistemáticos: El uso de la violencia directa contra infraestructuras sanitarias claramente identificadas con emblemas internacionales.
• Criminalización del acto médico: La persecución legal y física de profesionales por el simple hecho de atender a heridos pertenecientes a facciones contrarias o grupos opositores.
• Falta de rendición de cuentas: La preocupante ausencia de procesos judiciales que castiguen a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes de guerra.

Este fracaso sistémico de la comunidad internacional no solo afecta a la seguridad de los trabajadores, sino que priva de facto a poblaciones enteras de servicios de salud esenciales en sus momentos de mayor necesidad. Cuando un hospital es bombardeado o un médico es asesinado, se destruye mucho más que una vida individual; se aniquila la única esperanza de una comunidad vulnerable para recibir asistencia básica y humanitaria.

Es imperativo que los organismos internacionales pasen de las simples declaraciones de condena a acciones diplomáticas y judiciales concretas. La protección de los médicos y del personal de apoyo no debería ser una opción negociable bajo ninguna circunstancia política, sino un pilar inamovible de la ética humana en tiempos de guerra. La memoria de María, Tedros y Yohannes exige que se rompa el ciclo de impunidad que impera en los conflictos modernos y se garantice que ningún otro trabajador humanitario vuelva a ser un objetivo militar.

Finalmente, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de la ONU y la presión económica y diplomática sobre los gobiernos involucrados en conflictos armados son pasos urgentes. Solo así se podrá evitar que la medicina de emergencia se convierta en una de las profesiones de mayor riesgo mortal en el siglo XXI, permitiendo que la ayuda llegue allí donde el dolor es más profundo.