La administración nacional mantiene el superávit fiscal como bandera de su gestión económica, logrando hasta el momento cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el presente año. Sin embargo, los indicadores de mayo han encendido algunas alarmas entre los analistas del sector privado. La desaceleración del índice de precios al consumidor, si bien es un objetivo celebrado por el oficialismo, comienza a erosionar la efectividad de las herramientas de ajuste fiscal utilizadas hasta ahora. Durante los primeros meses de gestión en 2024 y parte de 2025, la elevada inflación permitió licuar partidas sensibles del presupuesto nacional, como las jubilaciones y los salarios públicos, pero este fenómeno está encontrando su límite natural en la nueva coyuntura.

El desafío de sostener el ajuste sin el efecto de la inflación

El esquema de ajuste fiscal, denominado frecuentemente como la motosierra, se apoyó fuertemente en la licuación de gastos reales. Al subir los precios a un ritmo mucho más rápido que las actualizaciones salariales o previsionales, el Estado reducía su gasto operativo de manera automática. No obstante, con una inflación que muestra signos de estabilización a la baja, esa brecha se cierra progresivamente. Las partidas que están indexadas a la inflación pasada comienzan a recuperar poder de compra frente a una inflación presente menor, lo que incrementa la presión sobre las arcas públicas nacionales. Los datos oficiales recientes confirman esta tendencia: en mayo, los ingresos del Sector Público Nacional experimentaron una caída real del 4,1% interanual. En contraste, el gasto primario retrocedió apenas un 2,2% en términos reales, una cifra significativamente menor a los recortes observados en meses previos.

Según informes elaborados por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el resultado financiero de mayo arrojó un superávit de $478.613 millones, mientras que el primario alcanzó los $1,92 billones de pesos. Aunque estos números siguen siendo positivos para el equipo económico, representan una disminución real respecto a los valores obtenidos el año pasado. Los factores determinantes que explican esta situación incluyen:

• La debilidad persistente en los ingresos tributarios debido a la caída de la actividad económica interna y el consumo.
• La recuperación de ciertas erogaciones que, por normativa legal, deben ajustarse periódicamente según la inflación pasada.
• La dificultad de profundizar recortes en áreas operativas que ya han sido ajustadas drásticamente durante el último semestre de gestión.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la tendencia es similar y marca un sendero de mayor rigidez fiscal. Los ingresos totales registraron una baja del 4,3% real, mientras que la recaudación tributaria específica cayó un 6,1%. Por el lado de las erogaciones estatales, el gasto primario retrocedió un 3,1%. Como resultado final, el superávit primario acumulado muestra una contracción real del 12% en comparación con el mismo periodo de 2025. A pesar de este estrechamiento en el margen de maniobra, el Gobierno nacional aún dispone de un colchón frente a las exigencias del organismo internacional, aunque la sostenibilidad a largo plazo requerirá necesariamente de una recuperación de la recaudación tributaria para compensar el fin del beneficio que otorgaba la licuación inflacionaria.